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Luego de una reunión virtual con los directores y presidentes de la Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet, instó: “a las autoridades del Estado colombiano a apoyar y cooperar incondicionalmente con el sistema de justicia transicional, así como garantizar la plena independencia de sus mecanismos, incluyendo su autonomía financiera y la posibilidad de operar en un entorno seguro”.
La señora Bachelet, a través de un comunicado desde Ginebra (Suiza), manifestó su apoyo irrestricto al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJR), y dijo que: “constituye la piedra angular del histórico acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno -en representación del Estado colombiano- y las FARC-EP para poner fin a más de 50 años de conflicto armado en el país”.
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Acotó que los procesos de justicia transicional: “es uno de los instrumentos más poderosos para superar el conflicto y romper el ciclo de violencia e impunidad”.
Bachelet reconoció que la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, han logrado “ avances significativos” y destacó: “la valentía de todos aquellos que están trabajando para que se conozca la verdad”.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, subrayó que las tres instituciones de la justicia transicional: “cumplen un rol fundamental y único para asegurar la participación de las víctimas y la satisfacción de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.
Michelle Bachelet resaltó también que: “la verdad y la rendición de cuentas para los crímenes cometidos es crucial para restaurar la dignidad de las víctimas y contribuir a la reconciliación, para el beneficio de toda la sociedad colombiana”.
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Estas declaraciones se dan después de que el Congreso de la República no aprobara dentro del Presupuesto General de la Nación, recursos adicionales de inversión para la JEP por 30 mil millones de pesos, considerados por este mecanismo, indispensables para el cumplimiento de sus obligaciones, también se produce después de las propuesta del uribismo de realizar un referendo para acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz.
