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El ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que esto hace parte de los compromisos adquiridos en La Habana para garantizar la seguridad de los jefes de las Farc.
“Busca que los exguerrilleros puedan ser formados como escoltas, puedan hacer parte de la planta de la Unidad Nacional de Protección y puedan prestarle servicios de seguridad a algunos ex integrantes de las Farc, pero en esquemas combinados con la Policía”, señaló.
El senador y ponente, Hernán Andrade, explicó que el Estado tendrá que destinar millonarios recursos para cumplir con este proceso.
“Las cuentas que hicimos dan que son cerca de 60 mil millones de pesos que le costarían al Estado la reincorporación de estos funcionarios”, manifestó.
El Centro Democrático cuestionó que en pleno proceso de entrega de armas de las Farc, el Gobierno y el Congreso quiera dotar a exguerrilleros de nuevas armas legales.
El representante Samuel Hoyos dijo que “lo más grave de esto no son los 1200 guerrilleros que recibirán armas de la UNP, sino que habrá 100 funcionarios en esa entidad que pertenecen a las Farc con acceso a la información sobre los esquemas de los protegidos, sus desplazamientos, información sobre sus familias”.
El Gobierno confirmó que actualmente hay 315 exguerrilleros de las Farc que entraron al proceso de selección de la Unidad de Protección para capacitarlos como nuevos escoltas.
