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El cardenal australiano y extesorero del Vaticano George Pell fue puesto en libertad tras ganar su recurso de apelación ante la máxima instancia judicial de Australia, después de haber sido condenado a seis años de cárcel por cinco cargos de abusos sexuales a menores en los años noventa.
El pleno de los magistrados del Tribunal Superior de Australia, que analizó a mediados de marzo la apelación de Pell ordenó que "se anulen sus condenas y se dicten sentencias absolutorias en su lugar", al considerar que las pruebas condenatorias presentadas durante el juicio "establecieron la culpabilidad sin el nivel de prueba requerido".
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Tras conocerse el fallo, emitido pocos días antes de la Semana Santa, el cardenal de 78 años abandonó la prisión de Barwon, a unos 68 kilómetros al sur de la ciudad de Melbourne, y fue trasladado al un monasterio cercano a la capital del estado de Victoria, según la agencia local AAP.
El ex número tres del Vaticano, la figura de mayor rango en la jerarquía de la Iglesia católica que ha comparecido ante un tribunal por acusaciones de pederastia, siempre mantuvo su inocencia y, tras ser liberado, no hizo declaraciones a la prensa, pero dijo en un comunicado que espera que su absolución no añada más "dolor y amargura" a la que ya sienten las víctimas de abusos sexuales.
Fin de una batalla legal
La decisión del Tribunal Superior pone fin a una batalla legal que dio comienzo cuando la Policía del estado de Victoria acusó a Pell en 2017 de dos casos de pederastia: uno contra dos niños, "J" y "R", en la catedral de St Patrick de Melbourne en 1996 y 1997, y otro por abusos en la ciudad de Ballarat en la década de 1970, que después fue desestimado.
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Pese a la absolución, Pell habrá de enfrentarse a un proceso civil presentado por el padre de una de sus presuntas víctimas, que murió de una sobredosis de drogas, por el impacto que los hechos tuvieron en su vida. Días antes del fallo del Tribunal Superior, la cadena local ABC difundió dos nuevos testimonios de presuntas víctimas de pederastia de Pell en Ballarat, su ciudad natal, que están relacionados con la causa archivada.
El fallo de hoy también allana el camino para que se levanten las restricciones a la publicación de varias secciones del informe final de la Comisión gubernamental que investigó la respuesta de las instituciones a los abusos sexuales a menores en Australia vinculados con Pell.
Pero eso "puede retrasarse varias semanas", según dijo el fiscal general, Christian Porter, a reporteros en Camberra. "J", el hombre que demandó a Pell, aún no se ha pronunciado sobre el fallo, pero el padre de "R", expresó que se siente "furioso".
"Nuestro cliente tiene el corazón roto, propio de la víctima superviviente que se jugó el cuello al presentarse para contar su historia pero que al final se vio defraudado por un proceso legal que le obligó a revivir su dolor y su trauma sin ningún beneficio", señaló la abogada Lisa Flynn, del bufete Shine Lawyers, en un comunicado.
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La duda razonable
La duda razonable es el punto central del fallo final que pone fin al caso, cuya acusación se había apoyado fundamentalmente en el testimonio de "J", quien aseguró que Pell, entre otras agresiones, lo había penetrado oralmente frente a "R".
La defensa del cardenal de 78 años alegaba que era imposible que dichos hechos pudieran haber ocurrido debido, entre otros factores, a la falta de oportunidad, ya que el entonces Arzobispo de Melbourne estaba siempre acompañado, el tráfico en la sacristía donde suspuestamente ocurrieron los hechos era constante y a que el peso del traje ritual que llevaba el acusado lo habría impedido.
Pell fue hallado culpable por unanimidad en diciembre de 2018 por un jurado popular en un segundo juicio, dado que el primero fue anulado por desacuerdos entre sus miembros, lo que dio lugar a su sentencia de seis años de prisión.
Después, dos de los tres jueces del Tribunal Supremo del estado de Victoria ratificaron la condena en agosto pasado, pero los magistrados remarcan en su fallo de hoy que "su análisis no se ocupó de la cuestión de si seguía existiendo una posibilidad razonable de que el delito no se hubiera producido".
