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Por primera vez en Argentina, una vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, se ha sentado en el banquillo de los acusados para declarar en su primer juicio por presunta corrupción, en el que volvió a acusar al Gobierno saliente de Mauricio Macri de impulsar una persecución judicial contra ella.
La expectativa que rodea siempre la llegada a los tribunales de la líder kirchnerista, que está procesada en varias causas por presuntos delitos durante su mandato como presidenta (2007-2015), se acrecentó este lunes al ser la primera vez que acude tras ganar el 27 de octubre las elecciones junto a su candidato a presidente, el también peronista Alberto Fernández.
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"Esta causa no tiene sustento", aseveró la imputada ante los magistrados del Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires, en una exposición que duró más de tres horas y que contó entre el público con simpatizantes como algunas Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
En el juicio, que comenzó el 21 de mayo pasado -apenas tres días después de que Cristina anunciara su candidatura electoral- y en el que la exmandataria no había sido citada a declarar hasta hoy, Fernández hizo una férrea defensa de su gestión y la de su difunto marido, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).
Ambos están acusados, junto a otros imputados, de encabezar una asociación ilícita y de fraude en la concesión de obras, por supuestamente direccionar contratos a un amigo de Kirchner, el constructor Lázaro Báez, ya detenido desde 2016, para "apoderarse ilegítimamente" de millonarios fondos mediante licitaciones irregulares.
Negación de las imputaciones
"Un mes antes del cierre de listas me sentaron en el juicio oral por corrupción por la obra pública, 'lawfare' (judicialización de la política) puro", expresó en su disertación, en la que insistió que es víctima de un "plan sistemático" de persecución judicial y mediática.
La vicepresidenta electa, que asumirá el cargo junto a Fernández el próximo 10 de diciembre, refutó las acusaciones y reiteró que en múltiples audiencias y escritos ha pedido que se audite toda la obra publica del país, algo que se le denegó "sistemáticamente".
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La causa que la sentó hoy en el banquillo tiene como origen una denuncia en 2008 de la entonces diputada opositora y aliada de Macri, Elisa Carrió, aunque tomó impulso definitivo con una denuncia en 2016 del exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel.
La investigación apunta a que se ideo un plan en la provincia de Santa Cruz -de la que Kirchner fue gobernador de 1991 a 2003- para el manejo "fraudulento" de fondos en favor de las empresas de Báez, que resultaron adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en esa provincia durante los 12 años en que se extendieron los Gobiernos nacionales kirchneristas.
El expediente se relaciona con otros dos en los que se investiga si se usaron dos sociedades inmobiliarias de los Kirchner para recibir, mediante arrendamientos de propiedades, transferencias millonarias de parte de empresarios como Báez, que a su vez habrían recibido adjudicaciones con sobreprecios.
Acusaciones al Gobierno Macri
Como ya realizó por escrito cada vez que fue convocada a declarar como imputada en la instrucción de los casos, la expresidenta apuntó contra Macri, su principal rival y sucesor en la Jefatura de Estado.
Para Fernández, el "Gobierno que se va" tenía una "mesa judicial" donde decidían "quién iba preso, quién no iba preso, a qué empresario había que apretar para sacarle empresas".
"Primero fueron por uno, luego fueron por otro, y cuando fueron por mí ya era demasiado tarde", aseveró la vicepresidenta electa, que habría sido detenida si no contara con los fueros que tiene desde que fue elegida senadora, a finales de 2017.
La expresidenta criticó que cuando se dictó el primer arresto ya era legisladora, tras haber estado dos años, desde que dejó la Presidencia, sin fueros "por decisión propia".
"¿Qué buscaba el Gobierno? (decir) 'no puede ir presa porque tiene fueros, se ampara en los fueros'(...) Todos sabemos que el Gobierno debe haber decidido, por alguna razón, que no les convenía (la detención)", continuó.
En defensa de sus hijos
La acusada reprochó las medidas judiciales en su contra, como la intervención de sus empresas, los registros en sus casas, embargos de sus cuentas y la intervención de la herencia de su fallecido esposo.
"Ni qué hablar de la persecución a mis hijos, a Máximo y a Florencia, que cometieron un delito terrible; ser los hijos de Néstor y Cristina Kirchner", enfatizó.
Florencia, de 29 años, que junto a su hermano está acusada en dos de las causas contra los Kirchner, lleva varios meses recibiendo tratamiento médico en Cuba, aquejada de diversas dolencias, entre ellas estrés postraumático, que según su madre fue generado por la presión de la Justicia.
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Habló el nuevo presidente argentino
En numerosas oportunidades, Alberto Fernández, que fue jefe de Gabinete de Ministros de los Kirchner y se distanció de ellos desde 2008 hasta que el año pasado se reconcilió con Cristina, ha cuestionado el papel de algunos jueces federales respecto a los presos del kirchnerismo.
"En la Argentina que vamos a construir entre todos y todas se van a acabar los "operadores judiciales", los "operadores mediáticos" y los jueces y fiscales que "operan" para poderes mediáticos, corporativos o políticos sin impartir justicia como deben", escribió hoy en Twitter, al responder a un periodista que dijo que podía haber incurrido en un delito de tráfico de influencias.
En la audiencia de este lunes, Cristina hizo referencia a que el jefe de gabinete es en el Gobierno el responsable de la ejecución del presupuesto, y recriminó que no se haya citado a ninguno de ellos.
"Van a tener un problema, porque si citan al jefe de la banda, de asociación ilícita, citarán al presidente de la república, que fue jefe de 2003 a 2008, pero será interesante escuchar lo que tiene para decirles, pero esta es la realidad", afirmó.
A Kirchner, de 66 años, le quedan ocho procesamientos, la mayoría por acusaciones de contrataciones irregulares y cohecho pasivo cuando era jefa de Estado. Cuatro han sido elevados ya a juicio oral, aunque sin fecha de inicio.
Dos causas, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito (Hotesur y Los Sauces), que implican también a sus hijos, tendrán un juicio unificado.
Otras dos son por la venta de "dólar futuro", que ella defiende como una medida de política monetaria, y por encubrimiento a raíz de la firma de un memorando con Irán en la causa que investiga el atentado en el centro judío AMIA que causó 85 muertos en 1994.
