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Asoleche, Fedearroz, Fedeacua, Porkcolombia y Fenavi aseguraron que el proyecto de reforma tributaria tendrá un enorme impacto en la canasta básica de los colombianos.
De acuerdo con los gremios, el proyecto de ley afecta en tres aspectos: encarecimiento del costo de los alimentos de los colombianos; el crecimiento de la informalidad en el campo y la posición de desventaja del producto nacional frente a los importados.
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“Al eliminar la categoría de bienes exentos de los productos básicos de la canasta familiar y pasar a excluidos, significa que los insumos para la producción de alimentos como el arroz, la carne, el pollo, los huevos, el cerdo, la leche y el pescado, van a tener un sobrecosto que en algunos sectores de la cadena de alimentos será entre el 5% y el 10%, valor que lo tendrá que pagar el consumidor”, señalaron.
Otro de los temas que preocupa a los sectores de la Ley de Solidaridad Sostenible es que “deja el terreno abonado para que la informalidad crezca aún más en el campo colombiano. En la actualidad la categoría de exentos garantiza que los productores agropecuarios soliciten la devolución del IVA, generado en la cadena de producción, que exige formalidad en cuanto a la declaración del impuesto de renta, formalidad laboral de los trabajadores y formalidad ambiental”.
Asimismo, indicaron que sería un golpe a la formalidad laboral para estos sectores que hoy generan cerca de 1.750.000 empleos directos e indirectos.
Para el gerente general de la Federación Nacional de Arroceros, Rafael Hernández Lozano, “esta reforma representaría un gran problema teniendo en cuenta que el arroz es uno de los productos que tendría mayor impacto, dado que los plaguicidas que representan el 15% de la estructura de costos serían gravados con un impuesto al consumo del 8%, incrementando el costo de los productores y seguramente aumentando el precio del producto al consumidor sin que los más pobres puedan ser compensados por la devolución del IVA al tratarse de un impuesto al consumo”.
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“Otro tema que afectaría al agricultor es el impuesto a la maquinaria agrícola para cosecha y poscosecha, los sistemas de riego, tractores de uso agropecuario, entre otros, el cual reduciría la oportunidad de la tecnificación el campo y por ende la competitividad”, indicó Hernández.
“Al pasar la carne de cerdo y otros alimentos esenciales como la carne de res, el pollo, el pescado, la leche, los huevos y el arroz, de exentos a excluidos, ese mayor costo derivado de no poder recuperar los IVA pagados en el proceso productivo, se trasladaría vía precio al consumidor final, encareciendo la comida, contrario a lo que el presidente Iván Duque afirmó en las últimas semanas frente a no tocar los alimentos de los colombianos en esta reforma”, explicó el presidente Ejecutivo de Porkcolombia, Jeffrey Fajardo.
Por su parte, el presidente Ejecutivo de Fenavi, Gonzalo Moreno, manifestó que “resulta imposible pensar que, hoy cuando la devolución del IVA en la producción de huevo y pollo representa aproximadamente $1 billones, el cual no pagan los consumidores, no tendrían ningún efecto. Esto implicará que el consumidor pague un IVA oculto en los costos de producción superior al 5%, aproximadamente $18 por unidad de huevo y $338 por kilo de pollo”.
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El director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Acuicultores, César Pinzón, señaló que esta medida encarecería considerablemente los productos acuícolas, pues si hoy, en promedio, un kilogramo de tilapia cuesta $8.000, este podría incrementar su precio a $8.736, representando un aumento del 9,2%.
Del mismo modo, si un kilogramo de trucha actualmente cuesta $12.000, este podría ascender a $13.104. “La propuesta impactaría negativamente a nuestro gremio, que el año pasado tuvo el mejor desempeño en su historia al exportar más de 12.895 toneladas piscícolas, un 48% superior a las registradas en 2019”, afirmó Pinzón.
A su turno, el presidente Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche, Juan Sebastián Bargans, expresó su preocupación frente a las repercusiones socieconómicas que esto tendría, ya que “se generaría una disminución en el consumo, afectando la alimentación y nutrición de la población colombiana y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria; teniendo en cuenta que, en la actualidad, los colombianos consumen 150 litros de leche por habitante, lejos de los 170 litros recomendados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y que podría ocasionar una disminución cercana del 6 % en el consumo”.
