Transportadores denuncian 'inacción' del Gobierno frente a más de 350 bloqueos en 2025
Solo en mayo se registraron 79 bloqueos y más de 845 horas perdidas en las vías del país.

Entre el 1 de enero y el 31 de mayo el país enfrentó 353 bloqueos en vías nacionales y secundarias, según reportó la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar).
Esa situación ha derivado en la pérdida de más de 5.627 horas de operación, equivalentes a 234 días, afectando gravemente la movilidad y el desempeño del transporte de carga.
Solo en el mes de mayo se registraron 79 bloqueos que generaron la pérdida de 845 horas. El mes más crítico fue marzo, con 118 bloqueos y 2.939 horas perdidas, seguido por febrero con 1.092 horas y abril con 517.
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Los departamentos con mayor afectación son Bolívar (39 bloqueos), Atlántico (38), César (26), Meta (26) y Valle del Cauca (19), según muestra el mapa de calor elaborado por el gremio. La información recopilada no incluye las interrupciones en vías terciarias ni urbanas, lo que sugiere que el impacto real podría ser aún mayor.
Colfecar advirtió que esta situación se ha vuelto insostenible. "Es un golpe directo no solo al transporte de carga, sino también al agro, la industria, el comercio y millones de colombianos cuyo derecho a la movilidad está siendo vulnerado", indicó el gremio.
Asimismo, cuestionaron el silencio del Gobierno frente a los bloqueos. “El ministro del Interior, Armando Benedetti, guarda silencio como si los derechos fundamentales dependieran del interés del momento. La Defensoría del Pueblo no se pronuncia y el Ministerio de Transporte tampoco actúa, pese a que se impide la prestación del servicio público. La Fuerza Pública brilla por su ausencia”, expresó Colfecar.
La organización señaló que los bloqueos se han “normalizado” en Colombia, lo cual favorece un ambiente de anarquía donde los transportadores se convierten en “moneda de cambio” frente a las exigencias de cada manifestación. “El país pierde en productividad y competitividad mientras se prolonga esta parálisis institucional”, concluyeron.
Aumento en la retefuente
El presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), Arnulfo Cuervo Aguilera, advirtió que el Decreto 572 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional aumentó la retención en la fuente para más de 30 actividades económicas, tendrá efectos críticos sobre la liquidez de las empresas transportadoras y en general sobre el aparato productivo del país.
Al respecto del tema, también se pronunció David Jiménez Mejía, Presidente de la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (COMCE).
El dirigente gremial expresó las inquietudes que tienen en el sector de las estaciones de servicio, ante la reciente modificación sustancial de la tarifa de autoretención en la fuente fijada recientemente con el Decreto 0572 de 2025.
“Tenemos serias inquietudes con esta sustitución de la norma, específicamente por el incremento en más del doble del porcentaje, de 0.55% a 1.20%, para la distribución al por menor de combustibles líquidos en el país, que representa una afectación sensible y fuerte para las estaciones de servicio, quienes enfrentan una carga que, en algunos casos, puede ser confiscatoria de su renta".
Agregó que "esta medida impactará directamente en la liquidez y la estabilidad financiera de nuestros afiliados, poniendo en riesgo su operación y sostenibilidad en un contexto ya de por sí desafiante”.
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Concluyó que aunque el decreto se presume legal y entrará en vigencia el próximo mes, desde ya adelantan acciones para analizar y responder a esta situación.
“Es importante destacar que el fundamento del decreto, según lo afirma el propio Gobierno, es la falta de recursos, una justificación que consideramos insuficiente y que no puede ser utilizada para imponer una medida que afecta de manera tan severa a un sector que presta un servicio público esencial en el país como son las estaciones de servicio", dijo.
Señaló que "como lo han manifestado desde otros sectores, consideramos que esta medida es como pagar obligaciones con un avance de la tarjeta de crédito, lo que resulta en una práctica irresponsable tanto con las finanzas públicas como para el sector productivo del país, ya que en el próximo año se perderá ese ingreso y se generará un saldo a favor que será difícil de recuperar”.