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La Contraloría General de la República informó que mantiene seguimiento sobre los recursos que surgirían de la venta de la participación estatal en Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC (Movistar Colombia), en el marco de la operación mediante la cual Millicom Colombia Holding S.A.S. (Tigo) asumió el control mayoritario de la compañía.
Según lo reportado por ese organismo, Tigo tomó el control del 67,5% de las acciones de la empresa en febrero de 2026, mientras que el 32,5% restante continúa en poder de la Nación, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, participación sobre la que se concentra la vigilancia fiscal.
La Contraloría solicitó información detallada a los ministerios de Hacienda y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) sobre el destino de recursos estimados en al menos $856.000 millones, que ingresarían al Tesoro Nacional como resultado de la eventual venta de esas acciones.
La entidad señaló que busca hacer seguimiento a la utilización de esos fondos y a sus efectos en términos de inversión pública.
También indicó que el monitoreo incluye aspectos relacionados con la valoración de las acciones, el impacto de la operación en la continuidad del servicio y los efectos sobre las condiciones del mercado de telecomunicaciones.
El precio de referencia reportado para las acciones estatales es de 772,38 pesos por título.
Avance del proceso
La primera etapa del proceso contempló la adjudicación de 3.000 acciones a destinatarios de condiciones especiales, dentro de la oferta inicial establecida para la operación.
Posteriormente, se avanzó en una segunda fase para la enajenación del porcentaje restante en poder del Estado.
De acuerdo con la información divulgada por la Contraloría, el reglamento para esa segunda etapa fue aprobado el 6 de marzo y el proceso de precalificación estuvo abierto hasta el 31 de ese mes.
En esa fase se presentó un único interesado: Millicom Colombia Holding S.A.S. (Tigo), que fue declarado inversionista precalificado.
La entidad señaló que los documentos de oferta y las subsanaciones se encuentran en verificación, mientras que la subasta fue prevista para el 24 de abril y el cierre del proceso para el 29 de abril de 2026.
En paralelo, la Contraloría informó que según lo expresado por el Ministerio de Hacienda, los recursos provenientes de la venta podrían ingresar al presupuesto de esa cartera y destinarse en vigencias posteriores a inversiones estratégicas relacionadas con el cierre de brechas digitales.
Ese organismo también señaló que la empresa seguirá siendo sujeto de control fiscal mientras existan recursos públicos comprometidos, en referencia al seguimiento que continuará sobre la operación y sus efectos.
Recursos, brecha digital y seguimiento fiscal
Dentro de los elementos expuestos por la Contraloría, la posible destinación de los recursos hacia proyectos del sector TIC aparece como uno de los focos de observación, particularmente en iniciativas ligadas a conectividad, capital humano digital y apropiación tecnológica.
La entidad hizo referencia a indicadores sectoriales y señaló que el Índice de Brecha Digital 2024 se ubica en 0,384, con una mejora de 12,7% frente a 2018, aunque advirtió que las habilidades digitales representan el 34,7% de la brecha total identificada.
Ese dato refleja que los retos del sector no están concentrados únicamente en infraestructura, sino también en capacidades de uso y aprovechamiento de la conectividad.
En ese contexto, la vigilancia sobre los recursos derivados de la venta también considera la eventual relación entre su uso y políticas públicas orientadas al sector digital.
La Contraloría indicó que realiza un análisis de control fiscal macro sobre la operación, en el que se examinan los desafíos estructurales del sector TIC y la contribución que podrían tener los recursos públicos derivados de esta transacción en el cierre de brechas.
Control sobre una operación estratégica
La operación entre Tigo y Movistar, así como la venta de la participación estatal remanente, se mantiene bajo observación del órgano de control, que ha puesto énfasis en la transparencia del proceso y en la destinación de los recursos que resulten de la transacción.
La Contraloría indicó que la vigilancia fiscal abarca tanto la valoración del activo estatal como el uso posterior de los recursos y las implicaciones para el sector de telecomunicaciones.
Esto incluye el seguimiento sobre cómo esos recursos ingresarían al presupuesto nacional y qué proyectos podrían financiarse con ellos.
En ese marco, el organismo se mantiene como la entidad que emite y lidera el seguimiento sobre este proceso, mientras avanzan las etapas previstas para la venta del 32,5% accionario aún en manos de la Nación y se define el cierre de la operación.
