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La Superintendencia de Servicios Públicos oficializó el régimen sancionatorio con el cual castigará las infracciones que se cometan en materia de servicios públicos.
Se trata del Decreto 1158 de 2017 por medio del cual se regulan estas sanciones que pueden llegar hasta los 70 mil millones de pesos.
Ese es el tope que impuso el Plan Nacional de Desarrollo para sancionar a las empresas de servicios públicos que cometan irregularidades.
Según fuentes del organismo, el tope anterior era de 2.000 salarios mínimos y ahora este mismo pasará a 100.000 salarios.
Con ello se endurece el régimen sancionatorio para el sector de los servicios públicos en el país.
El decreto fija criterios para sancionar a estas empresas como por ejemplo, el número de usuarios, el tiempo de la infracción, la gravedad de la falta o la afectación en la continuidad de la prestación del servicio, entre otras.
Panorama
Un informe de la Superintendencia de Servicios Públicos, revela que entre marzo del 2015 y marzo del 2017, el organismo ha sancionada a las empresas del sector con multas por más de $87.000 millones.
Según este reporte, el departamento con más multas es Atlántico, con sanciones por 82.000 millones, es decir 113 millones de pesos por multas cada día.
En otras regiones y ciudades como Bogotá, se han impuesto multas por $2.500 millones, lo que significa un promedio de 3.5 millones cada día. Le sigue Santander, con $739 millones en multas y Norte de Santander, con $326 millones.
El reporte señala que en el mismo lapso han sido recibidas 150.191 quejas por la mala prestación de los servicios públicos, en el país.
Por ciudades y regiones, Bogotá lidera el ranking con 37.192 reclamos, seguida de Atlántico, con 20.735 quejas y Antioquia, con 8.660 de estos casos.
Se estima además que las utilidades de las empresas de servicios públicos ascienden a cerca de 2 billones de pesos anuales.
