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Código Penal. Pánico económico
El que divulgue al público o reproduzca en un medio o en un sistema de comunicación público información falsa o inexacta que pueda afectar la confianza de los clientes, usuarios, inversionistas o accionistas de una institución vigilada o controlada por la Superintendencia Bancaria o por la Superintendencia de Valores o en un Fondo de Valores, o cualquier otro esquema de inversión colectiva legalmente constituido incurrirá, por ese solo hecho, en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En las mismas penas incurrirá el que utilice iguales medios con el fin de provocar o estimular el retiro del país de capitales nacionales o extranjeros o la desvinculación colectiva de personal que labore en empresa industrial, agropecuaria o de servicios.
La pena se aumentará hasta en la mitad, si como consecuencia de las conductas anteriores se produjere alguno de los resultados previstos.
Así de contundente es el Código Penal contra quienes quieren divulgar mensajes que afecten la economía del país. Por eso, hoy el superintendente Financiero, Jorge Castaño, explicó el alcance de los trinos que están circulando en redes sociales con una serie de mensajes que estarían generando pánico económico a través de provocar desconfianza en el sistema bancario.
En ese sentido, el superintendente pidió a las autoridades penales que investiguen las conductas y comportamientos que tienen algunas cuentas en redes sociales que estarían promoviendo el pánico económico.
“Mi deber como superintendente Financiero es poner en conocimiento sobre lo que es y no es realidad cuando se utilizan esas cuentas de redes sociales para suscitar temor en la población. En esto seremos muy celosos en la reacción”, aseguró.
Castaño además defendió que él -como servidor público- está en la obligación de proteger el sistema financiero para que sea estable sin que su decisión de denunciar estas cuentas sea una campaña de represión.
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“Me corresponde el deber legal de denunciar las cuentas y mensajes que han propiciado ese posible pánico económico. Aunque en esas cuentas usan apodos y no hemos logrado identificar a alguna persona en específico, debe ser investigada esa conducta”, insistió.
En 1999 un solo correo electrónico enviado desde Buenaventura pedía sacar los ahorros de una entidad financiera en particular. Ese día casi 20 % del dinero que estaba en manos de esa corporación fue sacado de las cuentas bancarias provocando líos para esa entidad. Hoy en día, según Castaño, busca evitar algo similar.
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Jorge Castaño, superintendente financiero, habló con LA FM al respecto
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