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La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que señalan riesgos para los derechos políticos de los ciudadanos colombianos de cara a la segunda vuelta presidencial.
El documento plantea que los posibles beneficiarios de la medida serían los 41.421.973 ciudadanos habilitados para votar en los comicios programados para el 21 de junio de 2026.
Según la solicitud, la urgencia de la medida se justifica en que “la naturaleza del grupo beneficiario […] impide materialmente obtener el consentimiento expreso de cada uno de sus integrantes en el tiempo disponible”, y advierte que el daño sería irreversible si no se actúa antes de la jornada electoral.
Señalamientos sobre intervención en política
El documento sostiene que existe un patrón de conducta del presidente Gustavo Petro relacionado con participación en política durante el proceso electoral.
Se indica que el mandatario habría realizado pronunciamientos públicos, utilizado plataformas institucionales y cuestionado el sistema electoral en medio de la campaña. Entre los hechos citados, se menciona que el presidente “convoca […] a ganar las elecciones del 2026 para hacer irreversible su proyecto político”.
También se incluyen declaraciones emitidas en días previos y posteriores a la primera vuelta. Por ejemplo, en un discurso público afirmó: “Queda en ustedes la decisión de marcar el futuro de Colombia, sea por los caminos florecidos de la vida, sea por los caminos tristes de la muerte”.
Durante la jornada electoral del 31 de mayo, el mandatario señaló: “No estoy de acuerdo con que el escrutinio electoral sea de una empresa privada que no se deja auditar”.
Denuncias de fraude y llamados políticos
La solicitud recoge pronunciamientos posteriores en los que el presidente cuestionó el sistema electoral y denunció posibles irregularidades.
En uno de los mensajes citados, afirmó: “Intentan cerrar rápidamente los escrutinios para no verificar mi denuncia”, y agregó que existen “5.300 mesas con más de 300 votos en el día”.
Asimismo, el documento señala un pronunciamiento del 1 de junio en el que el mandatario hizo un llamado político directo: “Vamos a ganar y derrotar al fascismo”, además de convocar a una “Alianza por la Vida” y pedir “tres millones de votos más”.
Incumplimiento de decisiones judiciales
La solicitud también argumenta que existiría un incumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la neutralidad electoral.
Se menciona un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 10 de abril de 2026 que ordenó al presidente rectificar afirmaciones sobre fraude electoral y abstenerse de reiterarlas sin evidencia.
Igualmente, se cita una sentencia del Consejo de Estado del 28 de mayo de 2026 que le ordenó “abstenerse de difundir propaganda electoral”.
Según el documento, pese a estas decisiones, el presidente continuó realizando declaraciones relacionadas con la contienda.
Uso de medios institucionales
Otro de los puntos expuestos es la presunta utilización de canales oficiales del Estado para difundir mensajes de contenido electoral.
Se señala que discursos y mensajes del presidente fueron transmitidos a través de medios públicos y cuentas institucionales, lo que, según los solicitantes, podría generar una ventaja en la contienda electoral.
El documento advierte que esta práctica “genera una ventaja comunicacional de la que carecen las demás organizaciones políticas y candidaturas”.
Solicitudes al Estado colombiano
Entre las medidas solicitadas a la CIDH se encuentran:
- Ordenar al presidente abstenerse de emitir declaraciones que induzcan el voto o formulen acusaciones de fraude sin evidencia.
- Garantizar la independencia de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral.
- Asegurar el cumplimiento de las decisiones judiciales previas.
- Garantizar condiciones de igualdad en la contienda electoral.
Argumentos de gravedad y urgencia
Los solicitantes sostienen que la situación cumple con los criterios de gravedad, urgencia e irreparabilidad establecidos en el reglamento de la CIDH.
Afirman que la interferencia en el proceso electoral podría afectar “el derecho a participar en elecciones auténticas, realizadas por sufragio universal y libre”.
Además, advierten que el daño sería irreversible, ya que “no existe mecanismo jurídico alguno que permita reconstituir las condiciones de igualdad informativa y neutralidad estatal” una vez realizada la elección.
Contexto electoral
La segunda vuelta presidencial en Colombia está programada para el 21 de junio de 2026. La solicitud sostiene que el tiempo restante para los comicios hace necesaria una intervención urgente de la CIDH para evitar posibles afectaciones al proceso electoral.
