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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impartió una orden administrativa a Tesla Motors Colombia S.A.S., para que adopte medidas orientadas a garantizar los derechos de los consumidores en la comercialización de vehículos eléctricos en el país, a través de comercio electrónico.
La decisión fue adoptada por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, luego de una averiguación preliminar de oficio sobre las actividades comerciales que la compañía desarrolla desde su llegada a Colombia en noviembre de 2025, particularmente por la oferta y venta de vehículos mediante su página web.
Según informó la entidad, durante la actuación se recopiló información documental, se realizaron visitas administrativas al sitio web de la empresa y se analizaron cerca de 23.700 pedidos de vehículos efectuados entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, además de peticiones, quejas y reclamos presentados por consumidores.
Retrasos en las entregas
De acuerdo con la SIC, una de las principales situaciones identificadas estuvo relacionada con retrasos en las entregas de vehículos.
La entidad señaló que “más de 1.800 vehículos que debían ser entregados entre febrero y marzo de 2026 continuaban pendientes de entrega al mes de abril”.
Además, indicó que encontró posibles inconsistencias en la información suministrada a los consumidores sobre tiempos de entrega, condiciones de garantía y disponibilidad de infraestructura de carga en Colombia.
Órdenes impartidas a Tesla Colombia
Dentro de las medidas ordenadas por la Superintendencia, Tesla Colombia deberá ajustar y aclarar la información relacionada con los tiempos de entrega de los vehículos, evitando comunicar fechas tentativas como si fueran definitivas.
La compañía también tendrá que “informar de manera clara, suficiente y verificable las condiciones reales aplicables a la garantía de los vehículos comercializados en Colombia”.
Igualmente, la SIC ordenó a la compañía abstenerse de divulgar información que pueda inducir a error sobre la existencia y disponibilidad de infraestructura de carga tipo “Supercharger” en el país.
La autoridad también exigió revisar las condiciones contractuales relacionadas con limitaciones a la garantía legal de algunos componentes de los vehículos, especialmente las llantas o neumáticos.
Entre otras disposiciones, Tesla Colombia deberá fortalecer los mecanismos de atención de peticiones, quejas y reclamos, así como implementar medidas para evitar nuevos retrasos injustificados en las entregas.
Advertencia de sanciones
La SuperIndustria indicó que las órdenes impartidas se encuentran en proceso de comunicación a la sociedad y advirtió que el incumplimiento de las medidas podrá dar lugar a sanciones administrativas previstas en la Ley 1480 de 2011.
La entidad señaló que mantendrá la vigilancia sobre las actividades de comercialización de vehículos en el país, especialmente aquellas realizadas mediante comercio electrónico, con el objetivo de garantizar que los consumidores reciban información clara y verificable sobre los productos y servicios ofrecidos.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué la SIC impartió una orden administrativa a Tesla Colombia?
Tesla Motors Colombia S.A.S. recibió una orden de la Superintendencia de Industria y Comercio tras detectar posibles fallas en la información entregada a consumidores sobre venta de vehículos eléctricos mediante comercio electrónico.
¿Qué problemas encontró la SIC en las entregas de vehículos?
Tesla Motors Colombia S.A.S. tendría más de 1.800 vehículos pendientes de entrega, pese a que debían ser entregados entre febrero y marzo de 2026, según la investigación de la SIC.
¿Qué medidas deberá cumplir tras la decisión de la SIC?
Tesla Motors Colombia S.A.S. deberá aclarar tiempos de entrega, informar de manera precisa las condiciones de garantía y evitar mensajes que puedan inducir a error sobre infraestructura de carga en el país.
¿Qué advirtió la SIC sobre posibles sanciones?
La Superintendencia de Industria y Comercio advirtió que Tesla Motors Colombia S.A.S. podría enfrentar sanciones administrativas si incumple las medidas ordenadas para proteger los derechos de los consumidores.
