SIC multa con más de $9 mil millones a Claro, Tigo y Movistar por atar beneficios a la venta de celulares

Así las cosas, Claro deberá pagar más de $4.832 millones, Tigo $1.057 millones y Movistar más de $3.331 millones.
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Colprensa-Mauricio Alvarado.

Por segunda vez, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), impuso multas superiores a los $9.200 millones a los operadores móviles, Claro, Tigo y Movistar por condicionar los beneficios otorgados a sus clientes en la venta de teléfonos celulares a sus planes de telefonía móvil.

La SuperIndustria pudo establecer que los operadores móviles ofrecían cuotas gratis en la venta del equipo celular adquirido por los usuarios, siempre y cuando, suscribieran un plan de comunicaciones por un valor mínimo y ciertas condiciones que de cumplirse, generarían la pérdida de las cuotas gratis ofrecidas en la venta de los teléfonos, violando así las normas establecidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

Igualmente la entidad concluyó que impedirle al usuario terminar el contrato de prestación de servicios de comunicaciones, modificarlo para consumir un plan de menor valor o cambiarse de pospago a prepago, so pena de perder unas cuotas gratis en la compra del teléfono celular, constituye una violación a las normas vigentes de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), pues ata o amarra el contrato de venta del teléfono al contrato de telefonía móvil, lo cual está prohibido desde mediados de 2014.

Desde la eliminación de la cláusula de permanencia mínima a mediados de 2014, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) estableció la obligación legal de respetar la independencia entre el contrato de venta de equipos (teléfonos celulares) y el de prestación de servicios de comunicaciones (planes).

En el caso de Tigo, la Superintendencia de Industria y Comercio tuvo en cuenta para atenuar la multa, que el operador cesó la conducta ilegal tan pronto le fue notificada la sanción de primera instancia. En el caso de Claro y Movistar, la conducta siguió ejecutándose hasta la actualidad cuando se profirió la decisión de segunda instancia.


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