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El Ministerio de Hacienda presentó un proyecto que modifica el Decreto 2555 de 2010, agregando un artículo que establece un límite máximo del 30% para inversiones en el exterior de los fondos de pensiones obligatorias. La transición será progresiva: 35% en los primeros tres años y 30% en un período de cinco años.
Según la proyección de Asofondos, para 2030 la repatriación de capital desde el exterior alcanzaría $177,8 billones, que serían destinados a inversiones locales.
Entre las principales declaraciones del estudio se señala que "la repatriación significativa de inversiones desde el exterior hacia Colombia implica una serie de riesgos que es fundamental analizar con detenimiento".
Impacto sobre la rentabilidad y el ahorro de los afiliados
El análisis destacó que históricamente las inversiones locales han generado rendimientos más bajos que las internacionales. Por ejemplo, un portafolio moderado con combinación de activos locales y externos obtuvo una rentabilidad promedio anual del 8,5%, mientras que un portafolio exclusivamente nacional habría registrado 3,8% en el mismo período.
"Si el límite del 30% para inversiones en el exterior hubiera estado vigente desde 2011, la rentabilidad promedio de los fondos habría sido de 6,8% en lugar de 8,5%. Una diferencia de esta magnitud impacta directamente tanto en las devoluciones de saldo como en el valor de las mesadas", señaló el organismo.
La Contraloría proyecta que un trabajador cuyo ahorro creciera al 6,8% en lugar de 8,5% recibiría 29,5% menos en su mesada pensional al momento de jubilarse. Además, se estima que se dejarían de percibir $3,2 billones en rentabilidad sobre los recursos repatriados.
Consecuencias para la sostenibilidad del sistema pensional
El informe advierte que la reducción de la rentabilidad compromete la estabilidad del sistema pensional, afectando tanto a los afiliados como a las finanzas públicas:
"Una política que obligue o induzca a repatriar inversiones subordina el interés del afiliado a otros objetivos, debilitando el principio fiduciario que es la base de la confianza en el sistema", precisó el organismo.
La Contraloría explica que Colpensiones opera bajo un esquema de reparto, por lo que la menor rentabilidad de los fondos privados impacta directamente en los recursos que deben transferirse al sistema público. Se proyecta que el costo fiscal para Colpensiones aumentará en más de $4,3 billones, considerando solo a los pensionados de salario mínimo.
Riesgos de concentración de recursos en proyectos locales
El análisis también resalta que concentrar grandes volúmenes de ahorro pensional en inversiones locales puede generar riesgos adicionales:
- Mayor exposición a choques económicos o políticos nacionales.
- Posible ineficiencia administrativa y captura política en proyectos de infraestructura regional o municipal.
- Menor diversificación y rentabilidad ajustada por riesgo, afectando directamente los ahorros de los trabajadores.
"Restringir las inversiones en el exterior limita la capacidad de los fondos de cumplir su deber fiduciario, al impedirles moverse hacia la opción más atractiva en cada momento, independientemente de si está en Colombia o fuera de ella".
El Gobierno sostiene que la repatriación de capital podría fortalecer la economía local y financiar proyectos estratégicos de infraestructura, como autopistas, aeropuertos y sistemas ferroviarios. Según su análisis, la medida impulsaría el PIB, dinamizaría el mercado interno y facilitaría la colocación de deuda pública.
"La implementación del Decreto contribuiría, en el mediano y largo plazo, al fortalecimiento de la economía nacional mediante mayores inversiones en infraestructura y proyectos de desarrollo local", explicó el organismo.
La Contraloría subraya que el ahorro pensional es propiedad de los trabajadores y que el Estado tiene el deber de garantizar pensiones suficientes, seguras y sostenibles. Subordinar la inversión de estos recursos a necesidades fiscales podría incrementar el déficit fiscal, afectar la sostenibilidad del sistema y debilitar la confianza de los afiliados.
"Si los recursos pensionales rentan menos, el faltante para lograr una pensión mínima tendría que asumirlo el Estado, implicando un mayor riesgo de déficit fiscal", concluyó la Contraloría.
