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“En la respuesta que nos dieron, el Ministerio de Hacienda pone en duda sí es la Nación como tal la que debe financiar este mecanismo de participación”, señaló el registrador distrital, Jaime Hernando Suárez.
Para el Registrador, a la luz de la Ley 134 de 1994, todos los mecanismos de participación ciudadana como las revocatorias que se hicieron a las consultas eran sufragadas directamente por la Nación.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda le argumenta a la Registraduría que “el artículo 33 de la nueva ley la ley 1757 de 2015, establece que el alcalde debe fijar la fecha pero a la vez tomar las medidas necesarias para la ejecución de la consulta”, agregó Suárez.
Ante la duda entre quién debe financiar la consulta popular taurina, y la respuesta del Ministerio de Hacienda, quienes argumentan que no es tan claro que la Nación deba sufragar el valor de la consulta, la Registraduría Distrital hizo un llamado.
“Creemos que el Ministerio debe elevar una consulta inmediatamente a la Sala de Consulta del Consejo de Estado para determinar claramente quién debe sufragar la consulta, el valor de los 34.500 millones de pesos”, afirmó Suárez.
El Registrador Distrital aseguró que en caso de que alguno de los dos se niegue a serlo y en verdad sea el responsable de los costos de la consulta taurina, podría estar incurriendo en el delito de peculado.
“El decreto que fijó la fecha el señor alcalde no dijo nada al respecto sobre la financiación de este mecanismos de participación y pues se necesita saber el respectivo rubro para poder hacer la contratación y el pago necesario”, puntualizó el registrador Distrital.
Cabe destacar que el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, dijo que el Registrador está incumpliendo con la Constitución y la Ley al no dar una respuesta para la realización de la consulta.
Las declaraciones del registrador al respecto:
