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Desde Barranquilla, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), tildó de “populista” la advertencia del presidente Gustavo Petro sobre un posible aumento del salario mínimo si el Banco de la República mantiene las tasas de interés al alza. Castañeda enfatizó que la función primordial del Emisor es, precisamente, controlar la inflación.
“¿Qué es lo que está haciendo el Banco? Evitando que a la gente le cueste más su canasta familiar; que cuando vaya a la tienda a comprar huevos o leche, no le cueste más. Eso es lo que busca el Banco cuando sube las tasas. No es, como dice el presidente, que el Banco tenga una fijación con este Gobierno para que todo le salga mal”, afirmó Castañeda.
Para el dirigente gremial, aunque algunas cifras muestran señales positivas, existen indicadores de fondo que reflejan un panorama complejo. Uno de los puntos críticos es la inflación, que en los primeros meses del año ya ronda el 3% o 3,5%, lo que sugiere un cierre anual de entre el 6% y el 8%.
“El peor impuesto para un ciudadano de a pie y la forma más eficaz de perder dinero es la inflación. Eso es lo que quiere evitar el Banco de la República”, señaló, explicando que el encarecimiento de los productos básicos afecta directamente el poder adquisitivo.
Cuestionamientos legales y riesgo de prevaricato
Castañeda también puso en duda la viabilidad jurídica de un incremento unilateral. Recordó que cualquier ajuste al salario mínimo debe definirse de forma concertada en una mesa tripartita, y advirtió que saltarse este proceso podría acarrear consecuencias legales para el Ejecutivo.
“No es realista. El Gobierno solo puede determinar un alza una vez se reúna la comisión entre Gobierno, trabajadores e industria bajo el marco de la Ley 278. Si no hay acuerdo, se emite un decreto, pero debe seguirse ese debido proceso. De lo contrario, estaríamos viendo claramente un prevaricato por parte del Gobierno”, advirtió el presidente de Andeg.
La postura del Ejecutivo: "Salario vital y móvil"
El pulso entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República se intensificó tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro durante el más reciente Consejo de Ministros. El jefe de Estado criticó las decisiones de la Junta Directiva del Emisor, argumentando que las altas tasas de interés castigan a los hogares al encarecer el crédito.
Ante este escenario, el mandatario aseguró que su administración respondería con medidas para proteger el ingreso de los trabajadores, dejando abierta la puerta a un nuevo ajuste del salario mínimo como mecanismo de compensación.
El presidente defendió que estos incrementos están respaldados por el principio constitucional del “salario vital y móvil”, e insistió en su tesis de que los aumentos salariales no son los responsables de la inflación. Por el contrario, reiteró que es el costo del crédito lo que limita la capacidad económica de las familias y frena el consumo nacional.
