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La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa de $1.128 millones a Juan Luis Aristizábal, presidente de Conconcreto, y de $159 millones a Ana Sofia Tobón Nova, exvicepresidenta de esa misma compañía por obstruir investigación de esa entidad.
Según explicó el organismo Aristizábal colaboró, facilitó, autorizó, ejecutó o toleró la conducta de Conconcreto, consistente en el incumplimiento de instrucciones y la obstrucción de la actuación administrativa que adelantaba la SIC en el marco de las visitas administrativas de los días 7 y 22 de septiembre de 2016.
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La entidad señaló que el presidente de la compañía ordenó a los empleados de Conconcreto y a funcionarios de Vinci Concessions Colombia, eliminar información relevante para el desarrollo de la investigación adelantada por la delegatura; ocultar su equipo de cómputo y alterar el contenido de las declaraciones que tendrían que rendir ante la delegatura.
Por su parte, para la delegatura que adelantaba la investigación, la vicepresidenta de servicios compartidos de Conconcreto para la época de los hechos, habría adelantado conductas idóneas para colaborar, facilitar, autorizar, ejecutar o tolerar la obstrucción de la investigación adelantada por la SIC. Lo anterior, al haber buscado hacer pasar un equipo de cómputo de la sala de juntas como el asignado al presidente de la compañía.
La entidad reveló que “las pruebas que obran en el expediente dan cuenta que el 22 de septiembre de 2016, Juan Luis Aristizábal envió mensajes a través de WhatsApp a Felipe Rocha Silva, vicepresidente de Inversión de Conconcreto y a Bernardo Saraiva de Nogueira, representante legal de Vinci Concessions, solicitándoles borrar todos los mensajes de texto que tuvieran relación con ‘Tercer Carril’ y Colpatria”.
“Dicha información, no cabe duda que podía ser de gran interés para la Superintendencia, pues, como era de conocimiento de los administrados, el objeto de la actuación administrativa que se estaba adelantando era precisamente obtener toda la información que tuviera relación con su participación en los diferentes procesos de selección en los que hubiera participado, específicamente, el relacionado con el Tercer Carril Bogotá - Girardot”, señala la resolución de la SIC.
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La Superintendencia mencionó entre otras cosas que “tan era de conocimiento esta situación de los investigados, que, desde las visitas del seis y siete de septiembre, Juan Luis Aristizábal manifestó que el mayor riesgo es que enreden la adjudicación antes de la firma del contrato, haciendo clara referencia al contrato derivado del proceso de selección para la construcción del tercer carril Bogotá - Girardot, que justamente era el objeto principal de las visitas administrativas, tal y como lo señalaban las credenciales administrativas de visita”.
