Minera canadiense Red Eagle pide a tribunal internacional definir demanda contra Colombia

Foto: Referencial Colprensa

La empresa espera que el país la repare por más de 32 millones de dólares tras delimitación del Páramo de Santurbán.

La multinacional minera canadiense Red Eagle decidió elevar una solicitud de arbitraje ante tribunales internacionales contra Colombia, como parte de una demanda internacional que instauró tras la delimitación del Páramo de Santurbán, en Santander.

Así lo informó la empresa en un comunicado en el que señala que “ha presentado una solicitud de arbitraje en virtud del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Colombia (“TLC”) para preservar los derechos de la empresa, permitiendo que las discusiones actuales entre el gobierno y la compañía lleguen a buen término”.

La demanda es por 40 millones de dólares canadienses, algo más de 32 millones de dólares americanos (cerca de $100.000 millones), según se señala en la comunicación.

Según la minera, “se ha estado en discusiones amistosas durante el último año con el Ministerio de Comercio y la Agencia de Defensa del Estado para llegar a un acuerdo sobre reembolso de hasta 40 millones (de dólares canadienses) en costos incurridos en la porción delineada dentro del Páramo”.

La empresa recordó que durante 2014, el Ministerio de Medio Ambiente estableció los límites de la Páramo, un humedal de gran altitud donde la minería está prohibida. Esta delineación incluía una parte del Vetas Gold Project dentro del Páramo, que es uno de los proyectos mineros que lidera la firma canadiense.

Red Eagle recordó además que posee el 100% de los proyectos mineros en Santander, de Vetas Gold, California Gold y Santa Ana Silver Projects, “que consisten en numerosos minas históricas y existentes y donde la exploración está en marcha para delinear los recursos de vetas de alta ley explotable por la minería subterránea moderna”.

También está a cargo de proyectos mineros en otros departamentos como Antioquia y Tolima.
Según señaló en el 2017, la Agencia para la Defensa Jurídica de la Nación, los procesos judiciales contra las entidades públicas del orden nacional, suman $326 billones, en cerca de 600.000 casos.