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Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, la Fundación Ideas para la Paz fue una constante contratista del posconflicto: recibió múltiples contratos por $22.640 millones durante esos ocho años .
La institución que más dinero representó a la FIP fue la Policía Nacional, de la que recibió seis contratos por un total de $8.047 millones, según documentos oficiales. Le sigue la Presidencia de la República, que a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz, contrató en 13 ocasiones y de manera directa a la FIP por un total de $6.033 millones.
Once de esos contratos entre la FIP y la Presidencia por más de $5 mil millones fueron supervisados por la oficina del alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, quien trabajó entre 2004 y 2006 como representante legal de la mencionada fundación beneficiaria.
Otras entidades del gobierno Santos también contrataron a la Fundación que por cuatro años representó el excomisionado de paz. Es el caso del Ministerio del Interior, que contrató $5.491 millones entre 2014 y 2015. La Agencia Nacional de Tierras que contrató $2.333 millones entre 2016 y 2017. El Ministerio de Justicia con casi $500 millones en 2015 y el Centro Nacional de Memoria Histórica con $245 millones.
Pese a que no hay nada ilícito en los 13 contratos por más de $6 mil millones suscritos entre la FIP y el Fondo de Programas Especiales para la Paz de la Presidencia, que sigue directrices de la Oficina del Comisionado de Paz, hay quienes consideran que sí se ve muy mal que se contratara a dedo, o de manera directa, durante el periodo de Jaramillo (2012-2017), a la Fundación que él dirigió durante tres años.
Jaramillo y otros exministros en la FIP
La FIP nació como un centro de pensamiento en torno a la paz, en 1999. Fue fundada por Ramón De La Torre, Rafael Santos Calderón, Hernán Echavarría Olozaga, y por lo menos otros diez empresarios.
El 19 de enero de 2004, Sergio Jaramillo asumió como representante legal de la FIP, pero había sido nombrado por el comité directivo el 9 de diciembre de 2003. Terminó su mandato como director ejecutivo el 14 de noviembre de 2006 y en su reemplazo asumió Maria Victoria Llorente Sardi.
Antes de entrar a este centro de pensamiento, Jaramillo asesoró al Ministerio de Defensa. Dos años después salió de la FIP para regresar a la función pública como viceministro de DDHH del entonces ministro Juan Manuel Santos. Para la época de la renuncia de Jaramillo, el comité ejecutivo de la FIP contaba con Rubén Darío Lizarralde, quien también estuvo en el órgano directivo durante su periodo como ministro de Agricultura, entre 2013 y 2014.
El exministro de Minas, Tomás González Estrada, también estuvo en la FIP para la época de la renuncia de Jaramillo, pero como secretario ad hoc. ¿Qué contratos firmó la FIP con la Presidencia de Santos? Desde 2011, la FIP asesora las políticas de paz y reconciliación del gobierno lideradas por la Oficina del Comisionado de Paz. Desde 2013 asesoran al gobierno en el marco de la mesa de diálogos con las Farc. En 2016 recibieron su mayor contrato de asesoría con la Presidencia, por más de 1600 millones. Coincidió la vigencia del contrato con la realización del plebiscito.
