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El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena le propinó un duro revés a la estrategia de control que el gobierno de Gustavo Petro encabezó contra entidades de la salud.
Con un fallo de tutela de primera instancia, el despacho dejó sin efectos las resoluciones de la Superintendencia de Economía Solidaria que prorrogaban la intervención forzosa de la Cooperativa Multiactiva de Desarrollo Integral Coosalud, y ordenó la entrega de su administración a los asociados en máximo cinco días hábiles.
Coosalud opera bajo una estructura dual. Por un lado, existe la EPS Coosalud, una de las entidades promotoras de salud más grandes del país —con más de 3,3 millones de afiliados—, intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud desde noviembre de 2024. Por otro, se encuentra la Cooperativa Coosalud, que administra la EPS.
El fallo versa únicamente sobre la cooperativa, cuya vigilancia e intervención correspondía a la Superintendencia de la Economía Solidaria. Mientras el destino de la EPS sigue en vilo por otras disputas legales —el Tribunal de Bolívar detuvo la intervención en abril, luego, en mayo, ordenó retomarla—, la cooperativa matriz debe volver ahora a manos de su asamblea general de delegados.
Al resolver la tutela que promovieron los asociados, el juez Juan Carlos Marmolejo desnudó las graves falencias de las resoluciones que la Supersolidaria expidió en diciembre de 2024 y marzo de 2026 —con Petro como jefe de Estado— para prorrogar la toma de posesión. La superintendencia extendió la intervención por un año basándose simplemente tareas pendientes y rezagos del Plan de Recuperación.
El fallo advierte una contradicción: la autoridad usó los problemas iniciales para decretar la toma de posesión y luego pretendió usar su persistencia para justificar la prórroga, sin explicar por qué la administración estatal seguía siendo el medio idóneo para salvar la entidad. Eso desvirtuó el carácter "temporal, excepcional e instrumental" de la medida.
La justicia cuestiona las razones del gobierno de Petro para prolongar la intervención a Coosalud
Además, un informe de la revisoría fiscal acreditó que el 60,4% de los asociados (3.149 de un censo de 5.199) fueron inhabilitados para las elecciones internas debido a encontrarse en mora en sus aportes al cierre de 2025.
El juez fustigó que la Supersolidaria aplicara la regla de forma mecánica, omitiendo analizar si la mora de los asociados fue causada por las severas restricciones operativas y de retiros que la propia intervención le impuso a la cooperativa. Al inhabilitar a más de la mitad de la base social, se vulneró su derecho al autogobierno.
Y en un artículo de la resolución de prórroga, la Supersolidaria declaró que no procedía ningún recurso en contra, por tratarse de un mero "acto de trámite".
El juzgado rechazó de plano la calificación formalista, señalando que desplazar a los órganos legítimos de una cooperativa por un año más tiene efectos sustanciales definitivos sobre los asociados, y que calificarlo como acto de trámite solo buscó eliminar cualquier posibilidad de contradicción y defensa de los afectados.
La devolución de la cooperativa se produce en el marco de una enconada batalla legal y política de vieja data entre los propietarios originales de la entidad y el poder central. Durante la administración de Gustavo Petro, la confrontación llegó a niveles personales.
El exgerente de la EPS Coosalud, Jaime González, interpuso una tutela que obligó a Petro a rectificar acusaciones públicas en su contra. El desacato a la orden llevó a que un juzgado sancionara al entonces presidente Petro con una multa de quince salarios mínimos, a lo que el exmandatario respondió reafirmando en sus redes sociales que González era "un corrupto".
Órdenes desacatadas y disputas judiciales largas marcaron las tensiones entre el Gobierno Petro y Coosalud
El choque escaló cuando el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó suspender provisionalmente la intervención de la Supersalud sobre la EPS Coosalud tras evidenciar un "deterioro financiero progresivo y profundo" bajo la tutela del Gobierno.
Pese a la orden judicial de suspensión, el Gobierno Petro se resistió a devolver la EPS, lo que provocó que el abogado de González, Julián Quintana, denunciara al exinterventor Jorge Orlando Suárez por prevaricato, usurpación de funciones públicas y fraude a resolución judicial.
La pugna judicial y administrativa coincide con la transición política en el país. El mandato de Petro culminó, dando paso al gobierno de Abelardo de la Espriella. La decisión del juez de Cartagena de arrebatarle el control de la cooperativa a la Supersolidaria abre un compás de espera sobre la postura que adoptará la nueva administración frente a las órdenes de devolución de los activos intervenidos.
Jorge Orlando Suárez ya no es interventor de Coosalud. Luego de las decisiones judiciales, la EPS posesionó el 5 de agosto, dos días antes de la toma de mando de De la Espriella, a Aarol Lee Méndez Ovalle. María Andrea Godoy, superintendenta de Salud, anunció este viermes a Édgar Felipe Molina como el reemplazo de Méndez. En la cooperativa el interventor es Bayron Arrieta Jiménez, quien deberá entregarla a sus dueños.
El fallo de tutela que devuelve el control de la Cooperativa Coosalud a sus asociados llega un momento crítico para la organización, sacudida por un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), el organismo de inteligencia colombiano adscrito al Ministerio de Hacienda.
Una denuncia, presentada ante la Fiscalía antes de que el presidente De la Espriella y el ministro Miguel Gómez declararan insubsistente a Wilmar Mejía —un licenciado en educación física a quien la Procuraduría investiga por presuntamente filtrarle información a las disidencias de las Farc—, acusa a Jaime González, a su junta directiva y al asesor Mario Urán de presunto peculado por apropiación de terceros y desvío de recursos parafiscales de la salud.
Las denuncias por el manejo de recursos agravan la crisis de Coosalud
La junta directiva de la EPS Coosalud, que acompañó a González de 2019 a 2024, aprobó servir como fiadora de un crédito por 221.000 millones de pesos en favor de su firma hermana de inversiones financieras privadas, Coosalud Inversa.
Como Inversa no canceló la obligación, el banco GNB Sudameris ejecutó la garantía y se apropió de 206.000 millones de pesos provenientes de las reservas técnicas de la EPS, recursos constitucionalmente inembargables destinados a la atención de los pacientes.
La Uiaf de Mejía, el último director de la era Petro, documentó que los mismos contadores de la EPS gestionaban y cerraban simultáneamente los estados financieros de la Cooperativa Coosalud, Coosalud Inversa y la IPS Red Humana. La cooptación de funciones, según la denuncia, estuvo orientada a la manipulación sistemática de balances y al ocultamiento del desvío de los dineros públicos.
De hecho, la revisora fiscal Gladys Asprilla se abstuvo de dictaminar los estados financieros de la EPS de la vigencia 2024 debido a la nula confiabilidad de los datos. La entidad registró trece millones de facturas duplicadas. Adicionalmente, la Contraloría documentó giros de más de 314.000 millones de pesos a prestadores cuya existencia o vinculación formal no pudo ser verificada.
La confusión patrimonial habría provocado el colapso financiero de Coosalud en 2024: tras registrar un crecimiento sostenido, que la llevó a tener un patrimonio positivo de 252.165 millones de pesos, se desplomó hasta arribar a un déficit de 859.792 millones de pesos.
Mientras la justicia ordinaria investiga la debacle de la EPS, la Cooperativa Coosalud se prepara para asumir un tortuoso camino de regreso a la autonomía bajo las directrices de su asamblea general, en lo que podría ser uno de los capítulos más complejos del sector salud en la era de De la Espriella.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Qué decidió el juez sobre la intervención de la Cooperativa Coosalud?
El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena dejó sin efectos las resoluciones con las que la Superintendencia de la Economía Solidaria había prorrogado la intervención de la Cooperativa Coosalud y ordenó devolver su administración a los asociados en un plazo máximo de cinco días hábiles. El fallo cuestionó que la autoridad prolongara una medida excepcional sin demostrar que la administración estatal siguiera siendo necesaria.
¿Por qué la justicia consideró irregular la prórroga de la intervención a Coosalud?
El juez Juan Carlos Marmolejo concluyó que la Supersolidaria utilizó los mismos problemas que dieron origen a la intervención para justificar su prolongación, sin explicar por qué debía mantenerse el control estatal. Además, cuestionó que el 60,4 % de los asociados estuviera inhabilitado para participar en elecciones internas por estar en mora, pues esa situación pudo estar relacionada con las restricciones impuestas durante la propia intervención.
¿La decisión judicial también devuelve la EPS Coosalud a sus propietarios?
No. El fallo se refiere exclusivamente a la Cooperativa Multiactiva de Desarrollo Integral Coosalud, que administra la EPS, y no a la entidad promotora de salud. La EPS permanece bajo intervención de la Superintendencia Nacional de Salud desde noviembre de 2024 y enfrenta otros procesos judiciales, mientras la cooperativa deberá volver a manos de su asamblea general de delegados.
¿Qué denuncias sobre los recursos de la salud enfrenta Coosalud?
La Uiaf presentó ante la Fiscalía una denuncia por presuntos desvíos de recursos parafiscales de la salud que involucra a antiguos directivos de Coosalud. Entre los hechos señalados está una garantía por 221.000 millones de pesos a favor de Coosalud Inversa, que habría terminado en la apropiación de 206.000 millones provenientes de las reservas técnicas de la EPS, además de posibles irregularidades contables y giros por más de 314.000 millones de pesos a prestadores cuya existencia o vinculación no pudo ser verificada.
