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El superintendente de Servicios Públicos José Miguel Mendoza, afirmó en LA F.m. que la intervención de Electricaribe “no es temporal ni permanente”, esto debido a las declaraciones de Gas Natural Fenosa que señaló a través de un comunicado que "no se estima que la mencionada intervención temporal de la compañía tenga impacto sobre el resultado neto ni sobre el cash-flow (diferencia entre los cobros y pagos de una empresa en un período determinado)”.
“Aquí no hay intervenciones temporales,la entrega de la operación de la compañía a un nuevo operador solo ocurriría en caso de la liquidación y para eso tenemos que llevar primero a cabo una etapa de 4 meses de diagnostico preliminar, solo después de esta etapa, y si decidiéramos que esto es una liquidación, al final de ese proceso liquidatario se adjudicaría un nuevo operador” sostuvo Mendoza.
Frente a los pagos pendientes de Electricaribe, dijo que “esos pagos se harán con los flujos de caja que genera la compañía por el recaudo que hace con la facturación de los usuarios, eso quiere decir que Electricaribe seguirá operando solo con unos cambios legales que introduce la intervención”.
El SuperServicios sostuvo que Electricaribe se encuentra en estos momentos en cuidados intensivos, por lo que fue necesaria su intervención, también agregó que para sacar de esta crisis a la empresa se tardará un buen tiempo: “Electricaribe está en estado crítico en este momento, por eso fue necesaria la intervención. Este proceso tarda un buen tiempo, no se arregla de la noche a la mañana, vienen una etapas nuevas”.
El funcionario afirmó que con este proceso el Estado no adquiere mayor participación en Electricaribe, “la Superservicios tiene un fondo especial que nutre de recursos a compañías como Electricaribe que están en estado crítico y no pueden garantizar la prestación del servicio, eso no aumenta la participación accionaria del Estado en Electricaribe, ya que esto se hace bajo la modalidad de préstamo".
Frente a la participación de EPM para poder ayudar a garantizar la prestación del servicio de energía en la Costa dijo que “hay un tope regulatorio que está en las regulaciones de la Comisión de Energía y Gas (CREG), que establece que nadie puede tener más del 25% del mercado de comercialización de energía en el país, como Superintendente no tengo voto en la modificación de esas resoluciones”.
