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El Gobierno aspira a presentar en la nueva legislatura el proyecto que buscará clarificar la supremacía de las autoridades con respecto al suelo y el subsuelo en el país, a propósito de las consultas populares que se celebran en varias regiones colombianas y en las que las comunidades deciden si se puede hacer o no actividades mineras y petroleras.
Según el viceministro de Minas, Carlos Cante, "se ha hecho un ejercicio claro para garantizar la estabilidad jurídica, pero por supuesto han existido unos pronunciamientos de las altas cortes que han puesto un poco en entredicho este principio fundamental para la inversión extranjera".
Dijo además que el proyecto busca tapar "los huecos que han quedado en las normas de interpretación de la Corte Constitucional, como el proyecto de ley de concurrencia en donde se resuelta esta tensión que hay entre las facultades para la administración del suelo por parte de las entidades territoriales y la de la administración de los recursos del subsuelo por parte del Gobierno Nacional".
La iniciativa ha tenido un amplio debate al interior del Gobierno y se espera que en esta legislatura sea presentado ante el Congreso.
No obstante, tendría que pasar primero por la fase de consulta previa con los sectores involucrados en la polémica.
Varios gremios y entidades como la Asociación Colombiana de Minería, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y empresas como Ecopetrol, han señalado que es necesario que se aclare el impacto de las consultas populares, debido a que los resultados de estos ejercicios democráticos, podrían derivar en millonarias pérdidas, tanto para estos sectores como para el país.
Incluso, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Santiago Ángel, ha manifestado en varias oportunidades que de consolidarse el 'no' a la minería, se dejaría de percibir más de 3.000 millones de dólares de inversión extranjera que han entrado al país en años anteriores y por lo tanto "es imperativo que se aclare cuanto antes este tema".
