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Los asesores jurídicos de Gas Natural Fenosa, empresa española que posee la mayoría de acciones en Electricaribe, habrían encontrado errores o vicios de forma en la gestión con la que el gobierno colombiano intervino y asumió el control temporal de su filial.
Con estos errores piden que se declare nula la diligencia y, por ende, se entregue de nuevo el control de la compañía a sus gestores españoles.
En el recurso presentado ante la Superintendencia se insiste en que antes de la intervención, el ente regulador debió consultar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia, requisito que, según la empresa ibérica, se habría omitido.
Otro vicio de forma que alega GNF apunta a que en la exposición de motivos que dio vía libre a la intervención, no se expresó textualmente que Electricaribe tiene inconvenientes de liquidez que son motivados por el difícil recaudo debido a impagos y conexiones fraudulentas.
Fuentes cercanas al proceso precisaron a la agencia EFE que el recurso no entra a juzgar si la intervención es o no ilegal, pero sí subraya sus defectos de forma.
A mediados de noviembre, el Gobierno colombiano anunció la intervención de la distribuidora de energía Electricaribe con el fin de "reorganizar" la empresa y garantizar el suministro de electricidad allí donde opera.
A principios de ese mes, Gas Natural dio a conocer que Electricaribe acumulaba facturas impagadas por valor de 1.259 millones de euros, si bien la multinacional precisó que tenía aprovisionado el 83 % de este importe.
El grupo español posee el 85 % de la empresa de distribución eléctrica Electricaribe desde 2009 y el 15 % restante está en manos del Gobierno colombiano.
Esta distribuidora cubre la zona del Caribe colombiano, que proporciona luz a 2,5 millones de clientes de bajos recursos económicos y a la industria de la zona. La compañía distribuye y comercializa electricidad en los departamentos de La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena, aunque desde hace meses se multiplican las protestas por fallos en el servicio.
Al margen de la intervención de Electricaribe, Gas Natural solicitó en julio abrir un diálogo de seis meses -plazo que acaba a mediados de enero- al amparo del acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones firmado entre Colombia y España.
En el caso de no alcanzar un pacto, una opción que tiene la multinacional española es recurrir al arbitraje internacional llevando el conflicto al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo que depende del Banco Mundial.
En presentación de resultados del tercer trimestre del año, el consejero delegado de Gas Natural Rafael Villaseca, reivindicó "seguridad jurídica" en Colombia para poder hacer frente a la morosidad y al fraude en Electricaribe, si bien se mostró "seguro" de poder alcanzar un pacto con el Gobierno colombiano.
Con información de EFE
