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La Fundación Universitaria San José continúa bajo observación pública tras las investigaciones preliminares abiertas por el Ministerio de Educación Nacional, por presuntas irregularidades en la expedición de títulos profesionales.
El caso tomó relevancia pública tras conocerse que Juliana Guerrero, quien aspiraba a ser nombrada en el Viceministerio de Juventudes, recibió un título profesional por parte de la Fundación Universitaria San José sin que aparentemente existieran registros académicos ni constancia de asistencia.
El diploma fue posteriormente anulado y el Ministerio de Educación abrió una investigación preliminar para verificar posibles incumplimientos en los requisitos de graduación y en la validez de los títulos expedidos por la institución.
Revisión de Junta Central de Contadores
En este contexto, ahora es la Junta Central de Contadores (JCC), adscrita al Ministerio de Industria y Comercio, la que comienza a ponerle la lupa y hacer un escrutinio de la cifra de graduados en la carrera de Contaduría.
Según las cifras, desde el año 2015 al año 2023, la cifra de contadores graduados en la Fundación Universitaria San José creció al menos 2.100 %, pasando de solo 31 en 2015 a 667 en 2023.
De hecho, las cifras suministradas por la Junta Central de Contadores revelan un crecimiento exponencial de los diplomas entregados en Contaduría por la Fundación San José, que a la fecha ya bordean los 2.300.
No obstante, hay una preocupación mayor de la JCC: del total de graduados en la carrera de Contaduría Pública durante la última década, escasamente la mitad de ellos obtiene tarjeta profesional, clave para ejercer.
Menos de la mitad, con tarjeta profesional
“De 2015 a 2025, la Fundación Universitaria San José reportó 2.264 graduados en contaduría pública. Sin embargo, solo 1.105 personas obtuvieron su tarjeta profesional en ese mismo periodo”, explicó Sandra Milena Barrios Pulido, directora general de la Junta Central de Contadores.
Al analizar las cifras, Barrios Pulido agregó: “Eso representa apenas el 49 % de los graduados”.
De hecho, el año 2023, cuando se han entregado más diplomas de graduados en Contaduría Pública en la Fundación San José (667, según la JCC), solo a 204 de ellos les fue entregada la tarjeta profesional.
La funcionaria recordó que para ejercer la contaduría pública en Colombia se deben cumplir dos requisitos establecidos en el artículo 3º de la Ley 43 de 1990: contar con un título profesional expedido por una institución con registro calificado y acreditar un año de experiencia en actividades contables.
Dudas sobre calidad de egresados
Barrios reconoció que sí ha habido un crecimiento en el número de egresados del programa de contaduría pública, tanto en la Fundación San José como en otras instituciones.
Sin embargo, advirtió que ese aumento no implica que todos estén habilitados para ejercer. “Ese crecimiento no se da a la par con las tarjetas profesionales”, dijo.
La Junta también expresó su preocupación por el avance del proyecto de ley 189 de 2022, que propone eliminar el requisito de experiencia para obtener la tarjeta profesional.
“Si se presentan situaciones como las que estamos observando en la Universidad San José, donde hay dudas sobre la calidad de los egresados y, además, se elimina la exigencia de experiencia, vamos a tener personas que solo con el título universitario podrán ejercer una profesión que es garante de la fe pública”, advirtió.
En varios comunicados oficiales, la Junta Central de Contadores ha reiterado que la contaduría pública conlleva una alta responsabilidad social.
“Eliminar el requisito de experiencia profesional comprometería la calidad ética y técnica de los contadores, lo que podría afectar la confianza empresarial y poner en riesgo el interés público”, señala uno de los documentos.
Alerta sobre estándares técnicos
Además, la entidad alertó sobre el debilitamiento de los estándares técnicos si se permite validar como experiencia actividades administrativas o financieras ajenas a la ciencia contable.
“La formación académica y la experiencia profesional son pilares fundamentales para garantizar la idoneidad de los contadores públicos”, indicó la Junta.
Este debate se da en medio de la implementación del programa “Hazte Profesional”, un modelo intensivo que permite homologar estudios previos y obtener títulos en periodos de entre 10 y 20 meses.
Aunque fue aprobado inicialmente por el Ministerio de Educación, su ejecución ha generado dudas sobre la calidad y rigurosidad de los procesos formativos.
La Junta Central de Contadores hizo un llamado al Congreso de la República para que cualquier reforma a la Ley 43 se construya de forma ordenada y coherente.
“Estamos en el proceso de unificar un proyecto de ley que actualice la profesión a los estándares del siglo XXI, pero debe hacerse de forma juiciosa”, concluyó Barrios.
