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Antes del 26 de diciembre, 497.000 millones saldrán de las arcas del Fondo Nacional del Ahorro y quedarán a disposición del Ministerio de Hacienda para su repartición entre los miembros del Grupo Bicentenario, el conglomerado de las empresas públicas más grandes del país.
El movimiento es importante porque hay un debate sobre el origen de los recursos que son reservas de utilidades generadas a partir de los ahorros de los colombianos que tienen sus cuentas en el Fondo. La junta lo aprobó tras varias reuniones en las que no hubo éxito en la votación porque los sindicatos se opusieron y había preocupación dentro del propio Gobierno.
La Contraloría envió preguntas al FNA
La FM conoció que la Contraloría ya hizo un requerimiento solicitando información para revisar los estatutos del Fondo y las características del traslado. En un Consejo de Ministros reciente, el presidente Gustavo Petro se refirió a la revelación que hizo esta emisora a inicios de noviembre y señaló que era la plata de utilidades y no de los ahorros de las cuentas.
El problema es que varios expertos señalaron que, para realizar el traslado, debían modificarse los estatutos para que los responsables del traslado no tuvieran problemas penales o fiscales.
El artículo 63 de los estatutos dice lo siguiente: "La distribución de utilidades sociales se hará en proporción a la parte pagada del valor nominal de las acciones suscritas, previa aprobación de la Asamblea General de Accionistas, justificada con estados financieros auditados de fin de ejercicio y después de hechas las reservas legales, estatutarias y ocasionales, así como las apropiaciones para el pago de impuestos".
Pero lo más importante está un párrafo adelante: "Atendiendo a su naturaleza de entidad de seguridad social en virtud de su actividad de administración y protección de las cesantías, las utilidades a distribuir no comprenderán las derivadas de esta sino solo las provenientes de las demás actividades previstas en su objeto social que no se encuentran asociadas directamente a la prestación de servicios de seguridad social".
La discusión dentro del FNA
Aunque el Gobierno terminó alineado con la decisión porque era una orden directa del presidente, hubo voces que advirtieron que el traslado podría generar problemas futuros. Pese a eso y ante la insistencia del ministro de Hacienda, Germán Ávila, la junta ya aprobó el desembolso.
En esa junta están los Ministerios de Vivienda, Hacienda, los sindicatos, entre los que se encuentran Camacol, y el grupo Bicentenario, del que a su vez hace parte el FNA.
El requerimiento de la Contraloría es extenso y lo que se pregunta es por qué no se modificaron los estatutos. Esto había ocurrido en el pasado cuando el ministro de Hacienda era Mauricio Cárdenas, pero se hizo dentro del marco de una ley de presupuesto, lo que es diferente porque había una aprobación legal del Congreso.
En el caso actual, la ley no ha sido modificada y los estatutos tampoco, por lo que las alertas siguen encendidas. Aún hay una confusión sobre si las utilidades de los ahorros pueden ser consideradas utilidades del Gobierno y lo más grave es que no hay claridad sobre dónde van a ser invertidos esos recursos o para qué fines. "Es delicado porque el Gobierno está en campaña y no se sabe en qué se van a usar esos recursos", dijo una fuente que conoce el tema de primera mano.
Además, no se trata solo de medio billón de pesos. El próximo año podría haber otros giros para consolidar un total de 800.000 millones de pesos al Ministerio en un momento de debate nacional por la firma del decreto de emergencia económica para lograr los 16 billones de pesos, debido a que estos no se pudieron conseguir con la caída de la reforma tributaria en el Congreso. De otro lado, hubo una decisión de venta de TES por 23 billones de pesos que ha sido muy cuestionada por la opacidad en la transacción.
Se espera que la Contraloría responda en las próximas semanas si hubo alguna irregularidad tras el envío del requerimiento al FNA.
