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En un escenario económico aún complicado, un número creciente de colombianos ha optado por declararse en quiebra para proteger sus activos. Según información reciente de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, más de 2,000 ciudadanos colombianos han tomado esta decisión en lo que va del año 2024.
La cifra representa un notable aumento respecto al año anterior, cuando aproximadamente 6,470 individuos enfrentaron una situación similar en 2023. Estos datos revelan una tendencia preocupante que indica un incremento en las dificultades financieras entre la población.
“El hecho de que las solicitudes de insolvencia en persona natural aumenten puede ser positivo, ya que significa que cada vez más colombianos sacan provecho de la norma y así obtienen una segunda oportunidad para reorganizar sus asuntos financieros”, afirmó Luis Benítez, director de Insolvencia.
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Qué es la Ley de Insolvencia,
Esta normativa ofrece un marco legal para que tanto personas físicas como jurídicas puedan reorganizar sus deudas y evitar la pérdida de bienes, ha sido empleada por muchos como un recurso en medio de estas adversidades económicas.
El aumento en las solicitudes de insolvencia no ha pasado desapercibido. Según las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Justicia, notarías y clientes de la entidad, las solicitudes de insolvencia experimentaron un incremento del 48% en 2023 en comparación con el año anterior.
Este fenómeno refleja los desafíos persistentes que los colombianos enfrentan en medio de la incertidumbre económica y las dificultades financieras exacerbadas por la pandemia y otros factores. A medida que más personas recurren a la Ley de Insolvencia en busca de protección financiera, es evidente la necesidad de políticas y medidas que aborden las causas subyacentes de estos problemas y brinden un adecuado respaldo a aquellos que luchan por mantener su estabilidad económica.
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En caso de que la solicitud de negociación sea aceptada, se detendrán los procedimientos judiciales relacionados con el cobro de deudas y se procederá a cumplir con el nuevo acuerdo.
Es crucial cumplir estrictamente con los términos del acuerdo, ya que la falta de cumplimiento puede llevar a la revocación del proceso de conciliación. En tal caso, el asunto se someterá a la decisión de un juez, lo que podría resultar en la liquidación de los activos del deudor para satisfacer las deudas pendientes. Aquellos que consideren esta alternativa deben cumplir con ciertos requisitos específicos.
Cuáles son los requisitos para acogerse a la Ley de insolvencia
Para acceder a los beneficios contemplados en esta legislación de insolvencia económica, el individuo natural debe encontrarse en una situación de incapacidad de pago, lo que implica tener dos o más deudas pendientes, ya sea como deudor principal o como codeudor.
Asimismo, es necesario haber incurrido en el incumplimiento de pago de al menos dos obligaciones financieras y haber dejado de abonar durante un período superior a los 90 días, o enfrentar procesos legales en curso, como demandas o ejecuciones.
Pasos para acogerse a la Ley de insolvencia
Para iniciar el proceso de acogimiento a las políticas de insolvencia económica, el individuo deberá seguir una serie de pasos y presentar la documentación requerida en un centro de conciliación autorizado. Estos documentos incluyen:
- Informe Causal de Cese de Pagos: Detallando las razones específicas que han llevado al individuo a la situación de cesación de pagos.
- Propuesta de Negociación de Deudas: Una propuesta clara, precisa y objetiva para la negociación de las deudas pendientes.
- Relación Completa de Acreedores: Incluyendo nombre, domicilio, dirección de correo electrónico, cuantía de la deuda, valores de capital e intereses, naturaleza de los créditos, tasas de interés, fecha de otorgamiento del crédito y vencimiento. Además, se deben proporcionar detalles de los codeudores, respaldados por documentos.
- Inventario Detallado de Bienes: Incluyendo aquellos en posesión en el extranjero. Se debe indicar cualquier gravamen, afectación o medida cautelar que recaiga sobre ellos, así como especificar cuáles son considerados como vivienda familiar y cuáles son parte del patrimonio de familia inembargable.
- Información sobre Procesos Judiciales y Administrativos: Detallando cualquier proceso judicial o administrativo relacionado con asuntos patrimoniales, tanto iniciados por el deudor como aquellos que cursen en su contra.
- Certificación de Ingresos: Acompañada de la información sobre la existencia o no de sociedad conyugal o patrimonial, respaldada con la documentación correspondiente.
- Obligaciones Alimentarias: Una lista discriminada de las obligaciones alimentarias a cargo del deudor, incluyendo el valor y los beneficiarios correspondientes.
