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En una entrevista reciente con La FM de RCN, Astrid Martínez, presidenta del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), advirtió sobre la necesidad de un recorte significativo en el gasto público para cumplir con la regla fiscal del país. Según Martínez, el ajuste podría alcanzar los 22,6 billones de pesos, una medida que resulta indispensable dada la incertidumbre sobre los ingresos proyectados en el presupuesto nacional.
Martínez subrayó que la situación actual es consecuencia de eventos anteriores, destacando particularmente el impacto de la pandemia en los niveles de gasto. "La pandemia nos impactó mucho en el nivel de gasto", señaló, enfatizando que, aunque el Gobierno tiene la intención de cumplir con la regla fiscal, la incertidumbre en los ingresos hace necesario un ajuste en el gasto.
"Hay unos ingresos inciertos que están en el presupuesto en rubros de doce billones por el plan de financiamiento y 29 billones por gestión de la Dian. Hasta que no se consolide esta proyección, seguramente el gasto será ajustado en 33 billones de pesos".
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La presidenta del CARF también destacó las limitaciones para reducir el gasto público, mencionando que "el margen para reducir el gasto se estrecha cada vez más". Afirmó que cada reforma tributaria incrementa automáticamente la presión sobre el gasto, lo que complica aún más el cumplimiento de la regla fiscal.
Además, añadió que "por el lado de inversión hay también muchas rigideces y hay una presión que se ha acumulado a través del tiempo en el aumento del gasto que hay que ir consolidando".
Martínez reconoció la importancia de que el Gobierno mantenga su compromiso con la regla fiscal, ya que esto influye directamente en la confianza de los mercados y evita un aumento en el costo de la deuda.
Sin embargo, advirtió sobre las dificultades que enfrentará el país en los próximos años debido a la inflexibilidad del gasto público. "El Ministerio de Hacienda ya hizo un ejercicio en el que comprobó que el 96% de los gastos es inflexible", afirmó.
La presidenta del CARF concluyó señalando que, a lo largo del año, a medida que se verifica el recaudo y la ejecución del presupuesto, se realiza un aplazamiento o recorte del gasto. Esto, según Martínez, es una medida inevitable dadas las condiciones actuales, pero que requiere un manejo cuidadoso para evitar mayores desequilibrios fiscales en el futuro.
