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El decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional volvió a poner en el centro del debate el futuro del servicio de energía eléctrica en Colombia. En medio de una crisis financiera que golpea especialmente a empresas intervenidas y a la prestación del servicio en algunas regiones del país, el Ejecutivo decidió crear dos nuevos impuestos dirigidos a las empresas generadoras de energía.
Aunque las medidas recaen formalmente sobre las generadoras, la principal inquietud de los hogares y las empresas es si estos nuevos gravámenes terminarán reflejándose en la factura mensual de energía. El Gobierno asegura que el objetivo es garantizar la continuidad del servicio y evitar apagones, pero el sector advierte que el impacto podría trasladarse, directa o indirectamente, a los usuarios finales.
¿Cuáles son los nuevos impuestos que creó el decreto de emergencia económica?
El Decreto Legislativo 044 de 2026 estableció dos nuevos aportes obligatorios para las empresas generadoras de energía eléctrica. El primero es una contribución parafiscal destinada al fortalecimiento del Fondo Empresarial, administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Este fondo se utiliza para financiar procesos de intervención, saneamiento financiero y sostenibilidad de empresas que prestan el servicio y atraviesan dificultades económicas.
Este aporte equivale al 2,5 % de la utilidad antes de impuestos obtenida por las generadoras durante el año anterior. En el caso de empresas con actividades mixtas, la base gravable corresponde únicamente a la utilidad asociada a la generación de energía eléctrica.
El segundo gravamen es un aporte en especie. Aplica a las empresas que generan energía hidráulica y participan en el Mercado de Energía Mayorista con despacho centralizado. Estas compañías deberán entregar el 12 % de la energía efectivamente vendida en la bolsa eléctrica, la cual será distribuida entre las empresas intervenidas para garantizar la continuidad del servicio. Este aporte se liquidará de manera mensual y no en dinero, sino en energía.
¿Los nuevos impuestos encarecerán la factura de energía de los usuarios?
Esta es la pregunta que más buscan los ciudadanos. En el corto plazo, el Gobierno sostiene que los impuestos no están diseñados para trasladarse directamente a la tarifa de energía, ya que se trata de una medida excepcional en el marco de la emergencia económica. El argumento oficial es que los recursos permitirán estabilizar empresas en riesgo y evitar costos mayores asociados a fallas en el servicio.
Sin embargo, expertos del sector advierten que, en la práctica, las generadoras podrían verse obligadas a ajustar sus estrategias comerciales para compensar el mayor costo que implica entregar energía o pagar una contribución adicional sobre sus utilidades. En un mercado regulado y con presiones financieras, estos costos podrían terminar influyendo en el precio de la energía en el mediano plazo.
El decreto reconoce una situación crítica, especialmente en regiones como el Caribe, donde la fragilidad financiera de algunos prestadores ha obligado a intervenciones estatales para evitar interrupciones del servicio. En ese contexto, el Gobierno apuesta por una solución de choque. La discusión ahora se centra en si esta medida será suficiente para estabilizar el sistema sin afectar el bolsillo de los usuarios o si, por el contrario, abrirá la puerta a nuevas alzas en las tarifas de energía en los próximos meses.
