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El gremio de los operadores móviles (Asomovil) y la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) hicieron un pronunciamiento en contra del Gobierno, tras la decisión del Tribunal de Arbitramento que obliga a Claro y Movistar Colombia, a pagar cerca de $ 4,8 billones por el litigio de reversión de activos.
El sector vio con preocupación la condena e hizo un llamado al Gobierno a revisar las reglas para promover la economía digital y la inversión extranjera.
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“El sector requiere estabilidad jurídica, reglas de juego claras y una regulación acorde con las necesidades de la economía digital que se impone a nivel mundial, de manera que se garanticen las inversiones de mediano y largo plazo, fundamentales para la llegada de nuevas herramientas que requieren mayor velocidad, calidad y cobertura”, afirmó Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta de Asomovil.
Otro de los casos que hizo generar la crisis entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los gremios, fue la exigencia a TigoUne para devolver el espectro restante y así, poder participar en la próxima subasta que hará el Gobierno de 700Mhz (esto tras la unión entre Tigo y Une).
El desarrollo de las telecomunicaciones está en juego y no materializado, por tanto, la preocupación radica en si es necesario o no seguir invirtiendo para generar mejores servicios.
“Para la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones es indispensable consolidar una política pública sectorial que promueva la inversión para lograr afianzar la entrada del país al mundo de la economía digital”, explicaron en un comunicado.
Así las cosas en los próximos días, se entregará una propuesta al Gobierno Nacional para promover la inversión y la racionalización de los montos de las contraprestaciones, entre otros temas.
Finalmente, piden que los recursos que tiene el Fondo de las TIC sean siempre destinados al sector y su promoción.
