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La Contraloría General de la República identificó fallas en la protección colectiva que brinda la Unidad Nacional de Protección (UNP), tras evaluar su funcionamiento entre 2019 y 2025. De acuerdo con el organismo de control, las medidas adoptadas no responden de manera oportuna ni suficiente a los niveles de riesgo identificados.
El informe señala que la ruta de protección colectiva opera de manera parcial y se concentra en la expedición de resoluciones, sin que estas se traduzcan plenamente en acciones en los territorios. Como resultado, comunidades y liderazgos sociales cuentan con protección formal, pero continúan expuestos en sus contextos locales.
Retrasos en evaluaciones y asignación de medidas
Entre los principales hallazgos, la Contraloría advirtió demoras en las evaluaciones de riesgo y en la asignación de esquemas de protección, lo que afecta la vigencia real del derecho a la protección.
El documento establece que el número de colectivos que reciben medidas efectivas es considerablemente menor frente al total de solicitudes presentadas, lo que evidencia una brecha entre el riesgo reconocido y la capacidad institucional para atenderlo.
Bajo impacto del gasto en protección colectiva
El análisis financiero muestra que aunque las medidas colectivas resultan más eficientes que las individuales, su participación dentro del gasto total de la UNP es limitada. Según la Contraloría, esto reduce el impacto del presupuesto destinado a la protección frente a la magnitud del riesgo que enfrentan los líderes sociales.
“El problema no es presupuestal: es estructural”, señala una de las observaciones incluidas en el informe, en el que se advierte que las fallas se relacionan con la implementación, las demoras, la cobertura y el uso de los recursos.
El organismo precisó que su función se limita a la vigilancia fiscal y que la corrección de estas falencias corresponde a la UNP y a otras entidades con competencias disciplinarias y administrativas.
Contratos y supervisión: debilidades persistentes
La auditoría financiera correspondiente a la vigencia 2024 también identificó deficiencias en la supervisión y ejecución de contratos, en particular en los esquemas de arrendamiento de vehículos utilizados para la protección.
La Contraloría detectó ausencia de registros precisos sobre la ejecución contractual y reiterados incumplimientos, lo que afecta la prestación del servicio. “Las obligaciones no se cumplen”, señala el informe, que advierte sobre procesos sancionatorios sin resolución definitiva.
Asignación de recursos y criterios de priorización
En el estudio sectorial sobre la ruta de protección colectiva, el organismo encontró que algunos grupos con costos más altos por beneficiario presentan niveles de riesgo inferiores, frente a otros que reciben menos recursos.
Según el informe, esa situación refleja problemas en la priorización de las medidas y limita la eficiencia de la política pública de protección.
“Se determina que la integralidad de la ruta de protección colectiva resulta parcial, pues se cumple al examinar las resoluciones de recomendación de medidas, pero no se refleja totalmente en su implementación”, concluyó la Contraloría.
Finalmente, la Contraloría reiteró la importancia del control social y la participación ciudadana en el seguimiento a la gestión pública. Aunque existen mecanismos de advertencia y control preventivo, el informe subraya que la adopción de correctivos depende de las entidades responsables de garantizar la protección de líderes sociales y comunidades en riesgo.
