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Los magistrados del Consejo de Estado no acogieron las pretensiones de una demanda en la que una empresa que fue contratada para administrar los archivos de Ecopetrol buscaba que la compañía petrolera le pagara más de 3.000 millones de pesos.
La autora de la demanda pretendía que la empresa petrolera le reconociera los supuestos perjuicios que se originaron por el pago de uno de los servicios que prestó en la ejecución de ese convenio.
La demandante expidió en este caso la respectiva factura, por la prestación del servicio de préstamo y consulta de archivos, pero Ecopetrol la rechazó, por considerar que en realidad, solo se trataba de un préstamo de documentos.
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En atención a esta situación, instauró la demanda argumentando que no recibió remuneración por la prestación y no se le reconocieron los gastos de transporte en los cuales tuvo que incurrir.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones al concluir que el acceso a los archivos del contratista no supuso la prestación de un servicio de consulta y préstamo de archivos y en este caso no evidenció el cumplimiento de ninguna prestación sujeta a los compromisos contractuales.
En el fallo de segunda instancia, el Consejo de Estado determinó que no se probó la prestación de los servicios frente a los cuales se presentó el cobro.
“Dado que el contrato exigía que la empresa acreditara el servicio de consulta y préstamo de documentos mediante un procedimiento de registro y control, la corporación judicial encontró que no se demostró adecuadamente el cumplimiento de ese requisito”, indicó el Consejo de Estado.
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Los magistrados enfatizaron que el documento y los testimonios aportados al expediente no tenían la capacidad de acreditar los servicios prestados.
