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La Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía (ACCE) fijó su posición frente a la propuesta del Ministerio de Minas y Energía de incorporar un cobro adicional de 8 pesos por kilovatio-hora en la factura de electricidad de todos los usuarios del país, con el fin de cubrir las deudas acumuladas por empresas del sector que han sido intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. El gremio advierte que la medida tendría efectos directos sobre los usuarios y el funcionamiento del sistema eléctrico.
Según la ACCE, la iniciativa plantea que el recaudo se aplique a todos los usuarios del Sistema Interconectado Nacional, independientemente de su ubicación o condición económica. El objetivo del cobro sería financiar obligaciones pendientes de empresas intervenidas, trasladando esos compromisos al componente tarifario que pagan hogares y empresas.
Cuestionamientos jurídicos y tarifarios
Uno de los principales puntos señalados por la ACCE es el carácter jurídico de la propuesta. El gremio sostiene que el cobro tendría naturaleza tributaria y que, por lo tanto, no podría ser establecido mediante un acto administrativo del Ejecutivo, sino que requeriría trámite y aprobación del Congreso de la República, conforme a la Constitución.
Adicionalmente, la asociación recuerda que el marco legal vigente del sector de servicios públicos establece límites claros frente a los ajustes tarifarios. De acuerdo con la Ley 142 de 1994, no se permiten incrementos destinados a recuperar pérdidas patrimoniales, las cuales deben ser asumidas mediante aportes de capital, reservas empresariales o vigencias futuras, y no a través de la tarifa cobrada a los usuarios.
Impacto en usuarios y señales al mercado
La ACCE también expone los posibles efectos económicos de la medida. El traslado de deudas empresariales a la factura de energía impactaría directamente el presupuesto de los hogares y los costos operativos de las empresas, en un contexto de presión inflacionaria y altos precios de los servicios públicos. Según el gremio, esta situación podría incidir en el empleo, la inversión y los precios finales de bienes y servicios.
Desde la perspectiva del funcionamiento del mercado eléctrico, la asociación señala que la propuesta no estaría orientada a corregir fallas estructurales del sistema. El cobro adicional no generaría nueva energía firme ni incentivaría inversiones en generación o infraestructura, limitándose a redistribuir déficits financieros existentes entre los usuarios del sistema.
¿Cuáles son las alternativas según la ACCE?
Otro aspecto destacado por la ACCE es el enfoque de responsabilidad. Las deudas de las empresas intervenidas, indica el gremio, son consecuencia de su gestión financiera y operativa, por lo que su socialización a través de la tarifa podría debilitar la disciplina empresarial y crear incentivos negativos en el sector.
Frente a este escenario, la ACCE expone varias alternativas para atender la situación financiera de las empresas intervenidas sin trasladar el costo a los usuarios. Entre ellas se incluyen la reestructuración de deudas con acreedores, la creación de fondos de rescate con recursos distintos a la tarifa, la promoción de inversión privada y la implementación de medidas de eficiencia operativa. También se menciona la posibilidad de subsidios focalizados en caso de que se considere inevitable algún impacto sobre los usuarios más vulnerables.
Finalmente, la Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía reitera la necesidad de buscar soluciones que garanticen la sostenibilidad del servicio eléctrico, la estabilidad del sistema y la protección de los usuarios, promoviendo un entorno regulatorio que fortalezca la confianza y la seguridad jurídica en el sector energético colombiano.
