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Durante el 'Congreso de Energía – Mercado Mayorista en Cartagena 2025', el presidente de Asocodis, Juan Camilo Manzur, advirtió que la cartera del sector eléctrico alcanza niveles que ponen en riesgo la sostenibilidad de las empresas comercializadoras y la estabilidad de las tarifas para los usuarios, especialmente en las zonas más vulnerables del país.
Manzur explicó que, con corte a finales de octubre, las compañías del sector acumulan 6,2 billones de pesos en saldos por recuperar. “Cerca de 2 billones son subsidios, 1 billón es deuda oficial, 2 billones son de la opción tarifaria y casi el 40% de eso es de Afinia”, señaló.
Del total adeudado, agregó, cerca del 70% corresponde a obligaciones del sector público, tanto del orden nacional como territorial. “Tenemos hoy una situación crítica financiera en todo el país”, afirmó.
Impactos
Manzur advirtió que la falta de pago y la presión financiera podrían afectar la capacidad de las empresas para seguir financiando subsidios y, eventualmente, reflejarse en aumentos en las facturas de los usuarios más vulnerables.
En la región Caribe, dijo, si las compañías dejan de financiar subsidios y estos dependen únicamente de las contribuciones de estratos altos y comercios, las facturas de estrato 1 podrían aumentar cerca de 95%.
En el Chocó, donde la mayoría de usuarios son de estratos 1, 2 y 3, el incremento podría llegar a 140%.
Preocupación
A la situación de cartera se suma el impacto de nuevas decisiones regulatorias y fiscales. Manzur señaló que un decreto del Gobierno aumenta el anticipo del impuesto de renta para empresas como Afinia.
“Pasan de pagar por renta de fuentes 100.000 a 200.000 millones al año, donde no tienen utilidades”, dijo, al cuestionar que se cobre sobre ganancias inexistentes.
También expresó preocupación por la metodología tarifaria en estudio por la CREG, que reduciría ingresos de los comercializadores “casi en un billón de pesos anual”, afectando el flujo necesario para sostener el sistema de subsidios.
Resolución
Al finalizar, Manzur se refirió a la resolución impulsada por el Ministerio de Minas para la región Caribe, que calificó como una prórroga del régimen transitorio establecido en el Plan Nacional de Desarrollo anterior.
“La resolución alivia el tema de los comercializadores en el Caribe, pero enterraría al resto de los comercializadores del país”, afirmó, señalando que la regulación detallada estará en manos de la Creg en los próximos 30 días.
