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A partir del 1 de julio de 2025 entrará en vigencia la Ley 2381 de 2024, que establece la reforma pensional aprobada por el Congreso de la República y define un nuevo modelo basado en cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario.
El primer pilar atenderá a personas en pobreza extrema; el segundo, a quienes, pese a cumplir la edad, no reúnan los requisitos para acceder a una pensión; el tercero incluirá los aportes de trabajadores con un ingreso base de cotización entre 1 y 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv); y el cuarto será un componente de ahorro voluntario.
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Las preocupaciones del Banco de la República
No obstante, a 87 días de la entrada en vigor de la ley, el Gobierno Nacional aún debe expedir varios decretos reglamentarios.
Así lo advirtió Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, durante su intervención en el Congreso de Asofondos 2025.
Villar expresó una "sensación de extrema urgencia" ante la ausencia del marco regulatorio necesario para cumplir con el mandato de la ley, en particular respecto a la puesta en marcha y administración del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que estará a cargo del Banco de la República.
Dicha reglamentación es clave, pues definirá las normas operativas bajo las cuales el BanRep administrará el fondo, que gestionará una parte sustancial de los recursos del nuevo sistema pensional.
Sin este marco normativo, la entidad no podrá elaborar ni suscribir el contrato de administración con el Gobierno ni iniciar la selección y contratación de los administradores delegados que manejarán aproximadamente $1.4 billones mensuales, monto estimado para el fondo a partir de julio.
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Por otra parte, Villar señaló tres aspectos que deben modificarse en los borradores de la reglamentación presentados por el Gobierno:
- Uso de recursos: Le preocupa una disposición que permitiría usar el ahorro acumulado en el fondo para cubrir pagos de los regímenes contributivo y semicontributivo. El BanRep considera que esta "desacumulación" debería reglamentarse mediante un decreto específico sobre subcuentas generacionales, aún pendiente.
- Responsabilidad contable: Es fundamental precisar qué entidad estatal asumirá la contabilidad del fondo y cuál ejercerá la función de auditoría.
- Remuneración de administradores: La reglamentación debe establecer límites salariales para los administradores del fondo, conforme a los lineamientos de la ley.
La respuesta del Gobierno
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, aseguraron que han tomado en cuenta las inquietudes del Banco de la República y que los ajustes necesarios serán incorporados en la normativa.
“Estamos avanzando a toda marcha para que la reglamentación, en especial lo más robusto y necesario, esté lista para el 1 de julio de 2025”, afirmó el ministro.
