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A través de una intervención ciudadana, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible el Decreto 0062 de 2025, que establece el Estado de Conmoción Interior en la región del Catatumbo.
La solicitud fue respaldada por la Asociación Colombiana de Minería y la Federación Nacional de Productores de Carbón.
Según la Andi, el decreto carece de los elementos suficientes para justificar la necesidad del Estado de Conmoción Interior, argumentando que no demuestra de manera clara la insuficiencia de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía para afrontar la crisis en la región.
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"Aunque es extensa la parte motiva del Decreto 0062 de 2025, en lo que respecta a la insuficiencia de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía para conjurar la grave perturbación del orden público, lo que contiene son afirmaciones, cuando no contradictorias, sin el fundamento propio de un decreto por medio del cual se declara un Estado de Conmoción Interior", señaló la Andi en su intervención.
El gremio citó apartes del decreto, en los que se menciona que "las acciones adelantadas para la recuperación del control del territorio necesitan ser reforzadas, ante la magnitud de la crisis".No obstante, la Andi argumentó que el Gobierno no ha adoptado hasta el momento medidas concretas en desarrollo del estado de conmoción, como acciones específicas para fortalecer el control del espacio aéreo, los servicios de inteligencia y policía judicial de la fuerza pública o el funcionamiento de la rama judicial.
En su solicitud, la Andi también recordó la postura de la Corte Constitucional en la sentencia C-070 de 2009, en la que se indicó que la simple afirmación de la insuficiencia de los poderes de policía no es suficiente para justificar la declaratoria de un Estado de Excepción.
"Al omitir tal apreciación, la declaratoria del Estado de Conmoción Interior se convierte en un acto arbitrario que contradice la Constitución, los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y la Ley Estatutaria sobre los Estados de Excepción", citó la Andi en su intervención.
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Con base en estos argumentos, la Andi insistió en que el Decreto 0062 de 2025 no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 213 de la Constitución y la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, por lo que solicitó a la Corte Constitucional declararlo inexequible.
