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El Gobierno Nacional ha radicado una propuesta dentro de la reforma tributaria que se discutirá este próximo 2 de diciembre en las Comisiones Económicas del Congreso, con la cual se busca frenar el modelo de exención del 4x1.000 aprobado en 2022 y que debía entrar en operación plena a finales de 2024.
¿Qué cambiaría en la exención del 4x1.000 si se aprueba la reforma?
Esta iniciativa busca suspender de manera indefinida el esquema actual, que permite a cualquier persona quedar exenta del impuesto sobre todos sus movimientos financieros, sin importar cuántas cuentas utilice, siempre y cuando el valor total de sus transacciones no supere las 350 UVT mensuales, que equivalen a unos 17,4 millones de pesos para 2025.
De aprobarse la reforma, este beneficio solo se mantendría hasta el 1.º de enero de 2026.
A partir de esa fecha se haría una restauración del sistema anterior, en el que cada usuario debe seleccionar una sola cuenta para tener la exención. Las demás ya quedarían sujetas al cobro del gravamen del 4x1.000, que corresponde a 4 pesos por cada 1.000, sin que haya excepción ni por tipo de operación ni por el volumen transado.
¿Por qué no se ha implementado el sistema tecnológico que exige la normativa vigente?
Aunque la reforma de 2022 había ordenado la migración hacia el modelo más grande, en el país se continúa usando el esquema de siempre. La razón principal tiene que ver con la infraestructura tecnológica para interconectar a todas las entidades que recaudan el tributo, con el fin de identificar cuándo un ciudadano supera el límite mensual exento.
Según explicó Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria, en diálogo con Valora Analitik, el proceso está inconcluso. “Se sigue trabajando en la definición jurídica del sistema. La ley exige un solo esquema y que todas las entidades estén conectadas”, señaló.
Vera indicó que la banca vigilada por la Superintendencia Financiera sí realizó los ajustes necesarios para operar bajo el nuevo modelo, pero otras instituciones, como cooperativas, fondos de empleados y cajas de compensación, no alcanzaron a adoptarlo.
Además, usuarios han reportado que han sido víctima del cobro del 4x1.000 pese a que no superan el tope permitido. Frente a estos casos, expertos recuerdan que el derecho a la exención sigue vigente mientras la ley no sea modificada.
De igual forma, los ciudadanos están en el derecho de exigir la devolución del dinero descontado y recordar la obligación que tienen las entidades financieras de aplicar correctamente el beneficio, sin que las fallas operativas afecten el cumplimiento de la norma.
La Dian ha autorizado que se puedan tramitar estos reclamos, para priorizar la protección del contribuyente frente a los retrasos.
Si el Congreso aprueba la propuesta del Ejecutivo, el sistema de información unificado dejaría de ser obligatorio y las entidades financieras no tendrían que concluir el desarrollo tecnológico previsto. Esto significa que se volvería al modelo tradicional, en el que solo una cuenta exenta puede estar marcada, afectando a los usuarios que esperaban manejar varias cuentas sin la carga del 4x1.000.
