La FM en Google News
El exfutbolista brasileño Ronaldo de Assis Moreira y su hermano, Roberto, ingresaron la noche de este martes en un hotel de Asunción donde cumplirán arresto domiciliario, tras dejar la sede policial donde pasaron un mes en prisión preventiva por entrar al país con pasaportes paraguayos falsos.
El arresto domiciliario fue resuelto unas horas antes por un juez de garantías en una audiencia de revisión de medidas y después de depositar en el estatal Banco Nacional de Fomento la suma de 1,6 millones de dólares como fianza de los dos hermanos.
Dos patrulleras policiales condujeron a Ronaldinho Gaúcho y Roberto, a su vez el encargado de sus negocios, al Hotel Palmaroga, en la popular calle Palma, de cuatro estrellas y media y propiedad del grupo español Barcelona,
Le puede interesar: Conceden prisión domiciliaria a Ronaldinho en Paraguay
Allí esperaban al antiguo jugador del Barcelona un grupo de periodistas, la única presencia en el lugar por las restricciones a la circulación de personas que rige en Paraguay como prevención al COVID-14.
Ya en el interior, los dos hermanos se limpiaron las manos y cumplieron con el protocolo establecido debido a la pandemia del coronavirus.
Minutos antes habían salido de la Agrupación Especializada, a unas siete cuadras del hotel y dependencia de la Policía Nacional que funciona también como cárcel.
El exjugador y su hermano disponen de una habitación cada uno en ese hotel, donde estarán sometidos a una custodia policial y con la prohibición de salir de Paraguay.
El tiempo máximo de la prevención preventiva en Paraguay es de seis meses, si bien no se descarta que el caso de algún otro giro favorable para los dos hermanos.
Ello después de que el juez de garantías Gustavo Amarilla les otorgara la medida alternativa del arresto domiciliario, a la que tampoco se opuso la Fiscalía.
De hecho, tras la audiencia en el Palacio de Justicia, Amarilla explicó su resolución debido a que la situación de los dos procesados ha cambiado "sobre la base de las diligencias del Ministerio Público" y en función de las pericias realizadas a los teléfonos de los dos hermanos.
El juez se refirió además a la postura del Ministerio Público, en en el sentido que no encontró "hechos punibles para ampliar contra ellos en el uso de esos documentos públicos de contenido falso".
El propio Amarilla había rechazado la segunda semana de marzo la la solicitud de los abogados de acceder a la libertad ambulatoria o a un arresto domiciliario de los dos hermanos en una mansión tasada en 800.000 dólares, que fue además presentada como fianza.
Lea también: Conceden arresto domiciliario a Ronaldinho en Paraguay
Amarilla justificó su negativa entonces por un peligro de fuga y las dimensiones políticas que del caso, que salpica a la Dirección de Migraciones y al Departamento de Identificaciones, que expide pasaportes y cédulas de identidad.
Los dos hermanos cumplieron este lunes un mes de prisión preventiva tras ser imputados por ingresar con pasaportes paraguayos falsos en el aeropuerto internacional de Asunción el pasado 4 de marzo.
Ese trámite fue llevado a cabo por funcionarios del aeropuerto, ya que los hermanos aguardaron el proceso en una sala VIP.
Habían llegado para inaugurar un casino, presentar un libro autobiográfico y luego apoyar con su imagen a una fundación que organizaba un programa de asistencia social a niños de Paraguay.
La fundación estaba presidida por la empresaria paraguaya Dalia López, que recibió al exfutbolista en el aeropuerto y se encuentra en paradero desconocido y bajo orden de captura internacional.
Los abogados de la empresaria aseguraron que ésta tramitó pasaportes paraguayos para los dos hermanos a través de una gestoría privada y que no es responsable de que estos resultaran falsos.
La defensa de Ronaldinho sostuvo que esos documentos fueron un regalo al que no dieron mayor importancia los dos hermanos, que estaban interesados en establecer negocios en Paraguay
La imputación que pesa sobre los dos hermanos es de uso de documentos públicos de contenido falso, con una expectativa de pena de hasta cinco años de cárcel.
