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El Senador Jairo Alberto Castellanos Serrano radicó un proyecto de ley con el acompañamiento de su hermano, Leandro Castellanos, concejal de Bogotá, donde se busca crear incentivos fiscales dirigidos a personas jurídicas que financien o patrocinen escuelas deportivas de formación amateur, con el fin de masificar el deporte, profesionalizar la base formativa y generar un esquema sostenible de cofinanciación público-privada.
La propuesta contempla una deducción especial del 150% para patrocinios y un descuento tributario del 50% por donaciones, además de mecanismos de control y un registro administrado por el Ministerio del Deporte.
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"Con esta ley proponemos convertir la responsabilidad social empresarial en una herramienta estructural para la formación de talentos, más oportunidades, mejores condiciones y un verdadero trabajo conjunto entre el sector público y el privado para que ningún niño o niña pierda la posibilidad de formarse a través del deporte", señaló el Senador Castellanos.
Así mismo; se tiene por como objeto fomentar la práctica deportiva formativa en niños, niñas, adolescentes y deportistas amateur canalizando recursos privados hacia escuelas deportivas sin ánimo de lucro debidamente reconocidas por las autoridades deportivas. Busca articular esfuerzos entre empresas, entidades territoriales, federaciones y el sistema educativo para asegurar impacto social y sostenibilidad administrativa.
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“La propuesta prevé convenios con el Ministerio de Educación para uso de infraestructura escolar, asistencia técnica de federaciones y ligas, y la participación de gobiernos locales en la difusión y emparejamiento entre demanda empresarial y proyectos comunitarios”, dijo por su parte el concejal de Bogotá.
Con esta iniciativa se busca mejores infraestructuras, mayor matrícula en programas deportivos, formación de entrenadores y construcción de canteras deportivas sostenibles con niños y jóvenes que no tienen la oportunidad de pagar academias costosas.
“Convocamos al sector privado, a las federaciones, a los gobiernos territoriales y a la comunidad educativa a participar activamente en la reglamentación y en la priorización de proyectos que maximicen impacto social y transparencia. Este es el momento para transformar aportes en resultados medibles y de largo plazo”, indicaron los ponentes.
