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La comunidad de juristas Akubadaura,de origen indígena, denunció que los casos de violencia sexual contra esas poblaciones por parte de integrantes del Ejército Nacional ha venido creciendo, mientras advirtieron que esa situación pone en riesgo a las mujeres de las distintas etnias del país.
Los abogados se refirieron a las cifras del Observatorio del Conflicto y del general Eduardo Zapateiro, comandante de esa institución, e indicaron que es importante que se respeten las comunidades y los territorios ancestrales.
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Lina Tobón Yagarí, integrante de esa comunidad de abogados indígenas, aseguró que “las organizaciones insistimos desde hace dos décadas para que se cumpla el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario, que prohíbe que se involucre a las comunidades rurales en confrontaciones armadas”.
Agregó que“la militarización de los territorios ancestrales modifica las lógicas culturales y trae como consecuencia el reclutamiento infantil, la violencia sexual y otras violaciones de Derechos Humanos”, agregó.
Los abogados aseguraron que por las condiciones sociales y económicas precarias de muchas etnias y por lo atractivos que resultan esos territorios para las actividades ilegales, decenas de mujeres y niñas están en riesgo.
“Son condiciones que favorecen la práctica del denominado “enamoramiento”, una estrategia para obtener información y acceder sexualmente a las mujeres y niñas indígenas aprovechando sus necesidades económicas, vacíos afectivos y ausencias institucionales, como explica La Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado”, expusieron.
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Ante esta situación, la comunidad de juristas Akubadaura pidió a la Fiscalía General de la Nación que se avance en los casos de ese tipo para lograr condenas, además de requerir a la Procuraduría y Defensoría para que acompañen esos procesos.
De la misma forma le pidieron al Congreso que se realicen los correspondientes controles políticos al respecto de los hechos ocurridos en varias regiones de Colombia, en donde mujeres y niñas han denunciado violencia sexual por parte de integrantes de la fuerza pública.
Finalmente, le solicitaron a la Corte Constitucional que haga un seguimiento de fallos judiciales que protegen a grupos indígenas y al "Cuerpo Diplomático y Consular y agencias de los Sistemas ONU e Interamericano en Colombia, el seguimiento a los hechos y acciones de verdad, justicia, reparación y no repetición, adoptadas por el Estado Colombiano".
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