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Según Soraya Gutiérrez, representante de este movimiento, lo contemplado en la Justicia Especial para la Paz para darles beneficios a los agentes del Estado podría generar impunidad ante las víctimas del conflicto porque no se aplicaría los estatutos del Derecho Internacional Humanitario.
"Esto contradice las obligaciones del Estado en relación con la investigación y sanción de las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario y excede las competencias del Congreso para implementar de buena fe el acuerdo final sustituyendo un eje central de nuestra Carta", señaló la representación de víctimas.
Entre tanto, el general (r) Jaime Ruiz, de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, consideró que la Corte debe apartarse de los intereses políticos y sociales que existen para sancionar con severidad a quienes han pertenecido a la fuerza pública.
Advirtió que por el contrario la Corte Constitucional debe mantener un equilibrio frente a la aplicación de la JEP para garantizar jurídicamente los compromisos de quienes fueron actores del conflicto armado porque están dados los escenarios para garantizar la justicia preferente acorde con los estándares internacionales.
"Esa insistencia de la extrema izquierda radical de cómo aplicarnos con el mayor rigor la Justicia Internacional es el interés también de esa contraparte que estuvo en La Habana porque nos quieren ver consumidos, acabados y eliminados", aseguró el exoficial.
A su turno, Hervin Hoyos, representante de la Federación de las Víctimas de las Farc manifestó que los derechos se pueden ver afectados si no hay claridad sobre la información que reciba la Comisión de la Verdad no se conozca.
Afirmó que "la excarcelación de cientos de responsables de crímenes de mesa humanidad, así como la suspensión de procesos penales, incluida la investigación, captura de perpetradores de esas mismas atrocidades constituyen en la práctica una renuncia temporal a la persecución penal por parte de Estado".
Solicitó a la Corte Constitucional que se corrija el punto de sanciones para que no haya tratos diferenciados de quienes son responsables de crímenes de lesa humanidad porque no cumple con el principio de reparación integral a las víctimas.
La Corte Constitucional está analizando los diferentes conceptos por parte de las víctimas del conflicto en el marco de la audiencia pública para avalar o no el contenido del Acto Legislativo de la Justicia Especial para la Paz.
