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Tras una auditoría de la Contraloría General de la Nación, las actividades mineras legales, ilegales e informales, se ha convertido en un problema preocupante por el vertimiento de aguas residuales con presencia de cianuro, mercurio y otros contaminantes, en el sur del departamento de Bolívar, esto sin contar la inestabilidad de terrenos en áreas deforestadas y la tala indiscriminada de bosque para la comercialización de madera.
En una visita a la zona minera, los auditores del ente de control detectaron dichos vertimientos de agua residuales se hacen sin tratamiento previo a su descarga en las diferentes redes hídricas naturales de la región. “La magnitud del problema lo representa el hecho de que no se tiene la dimensión de los volúmenes que se generan, ante el incontenible frente de explotaciones y beneficios de mineros informales e ilegales”.
-Control a permisos ambientales-
La Contraloría evidenció que la falta de coordinación de esta Corporación con otras autoridades administrativas para ejercer labores de control, permite que se den actividades de manera ilegal informal, con los consiguientes impactos negativos sobre los recursos naturales de esta región.
A todo lo anterior, el ente de control añadió que debido a la poca presencia de la Fuerza Pública en el área, la dificultad en el acceso por la falta de vías y la incapacidad de la Corporación Autónoma del Sur de Bolívar, también hay dificultad para ejercer control y vigilancia, a todos y cada uno de los permisos otorgados.
En cuanto a los efectos sobre la salud humana y animal, según estudios realizados por la Universidad de Cartagena indican la presencia de sustancias en lodos y sedimentos, su incorporación en la cadena alimenticia e impacto en la salud de las poblaciones asentadas, que tienen como fuente los recursos naturales de estos ecosistemas asociados a los cuerpos de aguas que reciben los residuos de las zonas mineras.
-Insolvencia financiera-
La Contraloría también encontró que la entidad no dispone de los recursos necesarios para cancelar sus deudas a corto plazo, y presenta insolvencia e iliquidez financiera, “Por cada peso que adeuda cuenta con $0,58, para la cancelación oportuna de su deuda a corto plazo. La entidad tiene un pasivo total a pagar por $2.541 millones, y no cuenta con los recursos disponibles para solventar los pagos de este pasivo”.
Desde 2012 no se asignan ni perciben recursos de funcionamiento e inversión, por parte del Ministerio de Hacienda, para invertir en proyectos y programas de manejo y conservación del medio ambiente, a través del Fondo de Compensación Ambiental FCA, dado antecedentes de irregularidades observadas en vigencias anteriores.
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