Uribe apoyaría jurisdicción para la paz si solo se aplica a las Farc

 

El legislador del Centro Democrático sorprendió en el Congreso de la República porque aseguró que estaría dispuesto a apoyar la jurisdicción especial para la paz, pero bajo ciertas condiciones.

 

 

Así mismo, indicó que el tratamiento para los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional debe ser diferente al de los guerrilleros de las Farc.

 

 

Uribe propuso que se deje el tribunal para juzgar a las Farc y que haya un alivio judicial, sin los requisitos de la justicia transicional, pero garantizando que no habrá impunidad para juzgar a los integrantes de las Fuerzas Militares.

 

“La reparación no puede reemplazar el castigo porque no se puede reproducir el delito ni los delincuentes. Los máximos cabecillas deben pagar una condena”.

 

El ex mandatario también publicó una serie de reflexiones frente al tema:

 

 

"Ni la prevalencia de la justicia restaurativa, cuyo énfasis se concentra en la reparación de las víctimas, ni el hecho de la reparación deben evitar el castigo carcelario a los responsables de delitos atroces”, y agregó que “así como la justicia restaurativa necesita ese elemento disuasivo que es el castigo carcelario, la reparación de las víctimas es un complemente necesario del castigo, pero nunca sustituto”.

 

El hoy senador manifestó que si en aras de la paz los cabecillas responsables de delitos atroces no van a cárceles ordinarias, por lo menos durante la sentencia alternativa, “esto es, más corta, que se les imponga, deberían estar recluidos en lugares que tengan condiciones penitenciarias, así esos sitios fueran granjas agrícolas o similares. Una vaga restricción de libertades no sería un castigo y daría lugar a dificultades interpretativas en el futuro o a la impresión de engaño a la ciudadanía”.

 

 

Aseguró que el caso colombiano debería ser más de sometimiento a la justicia, sin impunidad y con reciprocidades generosas, que dé justicia transicional. Manifestó el expresidente que “hemos repetido que lo nuestro no ha sido un conflicto armado entre pares sino un atentado contra el Estado de Derecho, inicialmente desafiado por el marxismo leninismo armado y después con la participación, independiente o combinada, de la capacidad destructora del narcoterrorismo”.

 

Según Uribe, el tribunal transicional, en cuya escogencia, directa o indirectamente participaría la guerrilla, por el hecho excepcional de la paz, “tendría la inclinación de absolver a la guerrilla, para lo cual a esta le bastaría no negar los crímenes cuya autoría ha sido notoria, y que reconocerían en nombre del derecho a la rebelión y con la invocación de una cadena de justificaciones”.

 

Dijo que no se puede equiparar la misma justicia para los militares y policías que para las Farc, y que el acuerdo supone razones que llevan a pensar en que el tribunal transicional tendría la tendencia a condenar a civiles, militares y policías. “Sin descartar el elemento ideológico de su origen, el ‘hecho excepcional de la paz’ incidiría para imponer esas condenas, que por política de equilibrios llevaría a razonar que si la guerrilla reconoció atrocidades, los civiles y uniformados tendrían que reconocer las suyas. Lo anterior conduciría a que civiles y uniformados, para evitar cárcel, se vieran obligados a aceptar delitos que nunca cometieron, con lo cual se obtendría no la paz sino el desquiciamiento de la justicia, con antecedentes graves de superar”.

 

 

El Centro Democrático no está de acuerdo en que el narcotráfico y el secuestro sean considerados conexos con el delito político para, según él, beneficiar a sus responsables con indulto explícito o con una figura implícita equivalente.

 

“Incomprensible que Colombia, que iba ganando la lucha contra el narcoterrorismo y el secuestro, acepte ante el mundo que estos delitos son políticos”, afirmó Uribe.

 

 

Uribe manifestó que han aceptado que en aras de la paz se permita la elegibilidad política de quienes entren en los acuerdos de paz con el gobierno, pero no para quienes son responsables de delitos atroces como los de lesa humanidad, graves crímenes de guerra, el narcotráfico, la extorsión y otros.

 

“Nos preocupa que se quiera dar elegibilidad a responsables de atrocidades. Esta decisión también se constituiría en un premio al delito y en un mal ejemplo a las presentes y futuras generaciones. ¿Por qué quien ha delinquido debe tener el premio de la elegibilidad cuando tuvo la oportunidad de comportarse como es debido para aspirar a la confianza ciudadana?”, cuestionó.

 

Dijo el expresidente que en el país “no ha prevalecido la restricción de la elegibilidad política sino la decisión de la guerrilla de preferir la violencia a los votos”. Y dejó el interrogante sobre si se le diera elegibilidad a cabecillas de Farc “¿Qué se pensará sobre congresistas que han perdido la investidura y los derechos de elegibilidad, sobre paramilitares incursos en idénticas atrocidades que Farc, y sobre miles de colombianos encarcelados por delitos no necesariamente atroces, cuyos derechos de elegibilidad están anulados?”.

 

 

Expresó Uribe que la seguridad de los colombianos no parece depender hoy del Gobierno sino del alcance de la tregua guerrillera, y que “vivimos un peligroso momento de reducción de la violencia más aparente y de incremento real de su potencial destructor. Los delitos más visibles como secuestros y asesinatos colectivos, destrucción de infraestructura y retenes ilegales han disminuido. Delitos menos visibles como el rearme, narcotráfico, extorsión y control territorial van en aumento. La ciudadanía, en muchas regiones, prefiere pagar extorsión y someterse a los dictados de los violentos porque no encuentra una política de seguridad en la cual se pueda confiar. En este incremento delictivo participan Farc, ELN y cantidad de bandas criminales”.

 

Para el exmandatario hay un aparente abandono de la seguridad en el país y una desmotivación de la Fuerza Pública.

 

Planteó que las Farc deben concentrarse con toda su guerrilla bajo vigilancia y verificación efectiva. “Para así asegurar que la violencia por fuera de esa zona no sería atribuible a Farc, y que difiere sustancialmente de las zonas de fractura de Colombia que propone la guerrilla”.

 

 

“Seguiremos en el examen de los acuerdos que se publiquen, no obstante que los colombianos estamos condenados a decir Sí a todo lo que dispongan el Gobierno y Farc, a riesgo de que nos condenen como amantes de la guerra”, informó el senador, al tiempo que afirmó que “no obstante nuestra condición política minoritaria continuaremos en la propuesta de un acuerdo nacional que proteja los valores democráticos en la búsqueda y firma de la paz".