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A principios de agosto se conoció una controvertida orden judicial, que obligó a las autoridades desalojar el terreno donde está asentado el Cabildo Indígena Zenú, quienes llegaron al corregimiento de Membrillal de Cartagena, luego que fueran desplazados de sus tierras ancestrales en San Andrés de Sotavento, Córdoba.
Sin embargo, la diligencia fue aplazada porque atentaba contra los derechos humanos de esa comunidad.
En reunión extraordinaria del Comité de Justicia Transicional, como se había acordado, las partes analizaron la orden judicial de desalojo de las familias de un cabildo indígena Zenú, que ocupan un terreno conocido como Finca San Isidro, de propiedad privada, que se encuentra ubicado en cercanías de la zona industrial.
Fernando Niño Mendoza, secretario del Interior de Cartagena, explicó que la diligencia de desalojo fue suspendida por dos meses y que durante ese tiempo se deberán surtir todos los procesos frente al plan de reubicación de la comunidad indígena, integrada por 477 personas, distribuidas en 104 familias.
Mencionado plan será coordinado por la Unidad de Víctimas, “se van a convocar todas las entidades, el Distrito va a ser el articulador y el objetivo es conseguir un inmueble, que tenga todas las condiciones idóneas para que se reubique el cabildo indígena”, expresó Niño Mendoza.
Miledys Galeano, directora territorial Bolívar de la Unidad de Víctimas, manifestó que el proceso de reubicación de la comunidad Zenú será un trabajo colectivo y conforme al Decreto 4633 de 2011 del Ministerio del Interior donde se “dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas”.
“Nosotros vamos a solicitar el concurso de las diferentes entidades, de acuerdo a sus competencias. Se manifestó que se requiere que se defina el lugar, el cual se llevará a cabo la reubicación y la verificación de los principios de seguridad, dignidad y voluntariedad” añadió Galeano.
En el cronograma sigue una reunión entre la Agencia Nacional de Tierras y miembros del Comité de Justicia Transicional sobre el inmueble para la reubicación en igualdad de condiciones de esta comunidad indígena, natural de San Andrés Sotavento en Córdoba y que debido a la violencia debió desplazarse hace 9 años hacia Cartagena.
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