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La Sala Civil del Tribunal Superior de La Guajira citó a audiencia pública al presidente de la República, Iván Duque, y gran parte de su gabinete ministerial dentro del seguimiento que se adelanta a la sentencia T-302 de 2017 que declaró el estado de cosas inconstitucionales en relación al goce de los derechos fundamentales a la salud, agua potable, alimentación y seguridad alimentaria de los niños y niñas wayúu en diferentes municipios.
En la citación, firmada por el magistrado Jhon Rusberth Noreña, se manifiesta que se busca establecer si el Gobierno ha cumplido con lo ordenado por la Corte Constitucional para la protección de estos derechos en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribía. La diligencia judicial se adelantará el próximo 6 de diciembre.
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El alto tribunal habría ordenado tomar medidas eficaces y de fondo para solucionar la grave crisis que se presentaba en el departamento, en relación con la falta de acceso a agua potable, y falencias en los servicios de salud y alimentación, situación que ponía en riesgo la calidad de vida de los niños y niñas del pueblo wayúu.
En dicha diligencia, el jefe de Estado, los ministros, representantes de Instituciones del Estado y mandatarios locales deberán presentar un informe frente a las acciones adelantadas para cumplir dicho fallo.
Los documentos que se presenten en esta audiencia serán trasladados a la Corte Constitucional para que, de ser necesario, tome nuevas decisiones de fondo para el total cumplimiento de este fallo.
La Sala también convocó a los ministros del Interior; Nancy Patricia Gutiérrez; Salud, Juan Pablo Uribe; Hacienda, Alberto Carrasquilla; Vivienda, Jonathan Malagón; Educación, María Victoria Angulo; Transporte, Ángela María Orozco; y Ambiente; Ricardo Lozano.
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Igualmente fueron convocados los representantes del Instituto Nacional de Vías, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); Prosperidad Social; Procuraduría, Fiscalía y Contraloría General, Superintendencia de Salud, Unidad para la Gestión de Riesgo, Defensoría del Pueblo, Agencia Nacional de Contratación Pública, Departamento Administrativo de Estadística (Dane), Agencia Nacional de Contratación Pública y Departamento Nacional de Planeación.
Además de un delegado de la Gobernación de La Guajira, y las alcaldías de Manaure, Uribia, Maicao, Riohacha, y Corpoguajira.
Con el fin de corroborar su total cumplimiento deberán hacer presencia la Asociación de Autoridades Indígenas Wayuu Shipia Wayuu, el representante legal de la Asociación de Jefes Familiares de la Zona Norte de la Alta Guajira y el ciudadano Elson Rafael Rodrigo Rodríguez Beltrán, cuya tutela motivó el fallo de la Corte Constitucional.
El pasado 9 de noviembre, el Ministerio del Interior anunció una hoja de ruta con el fin de atender y cumplir los lineamientos de este fallo.
