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Recientemente, el país conoció de la creciente alerta que se vive en Barrancabermeja (Santander) por los recientes hechos violentos. Solo en la noche del 2 de enero, un hombre murió y tres más resultaron heridos en un violento atentado con arma de fuego.
Esto obligó a tomar cartas en el asunto a Jonathan Vásquez, el nuevo alcalde de Barrancabermeja, quien anunció un consejo de seguridad para atender frontalmente esta problemática.
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Este jueves 4 de enero el alcalde Vásquez adelanta el consejo de seguridad junto al gobernador de Santander, Juvenal Díaz. El propósito es hacer un diagnóstico de la situación en este municipio.
De momento se sabe que el alcalde quiere invitar al presidente Gustavo Petro y a la cúpula militar para que atiendan a los barranqueños frente a la problemática de seguridad.
Entre los ciudadanos del municipio hay una creciente preocupación por la ola de atentados en ciertos sectores. Al respecto, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), señaló que a corte de 21 de diciembre, en el Magdalena Medio, hay 141 líderes y defensores de derechos Humanos víctimas de violencia.
Se habla de una creciente presencia de grupos armados ilegales, siendo 42 los líderes amenazados y 40 los hostigamientos colectivos. Además, se habla de un registro de 23 atentados colectivos y 15 desplazamientos forzados en Barrancabermeja.
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El alcalde Jonathan Vásquez es quien ha insistido en la necesidad de que el algo Gobierno sea el que acompañe a las autoridades locales y departamentales en atender los líos de seguridad que se están presentando.
“Necesitamos abordar la inseguridad desde una estrategia de seguridad multidimensional que permitan acciones para que los jóvenes no sigan viendo la delincuencia como opción de vida. Hoy el 65% de los homicidios son jóvenes vinculados a las bandas delincuenciales y microtráfico”, sostuvo.
Sin embargo, el propio Vásquez insistió en que Barrancabermeja necesita un centro de reclusión, la vinculación urgente de un juez de control de garantías exclusivo y mayor control sobre las personas con detención domiciliaría.
