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LA FM.
24 Ene 2018 05:58 AM

Tras evacuación, Superindustria estudia millonarias sanciones a constructoras de Cartagena

La Superintendencia llamó a las víctimas a recibir asesoría o a radicar las respectivas demandas judiciales.
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Tras la alerta emitida por la Alcaldía de Cartagena sobre 16 edificaciones que están en riesgo de colapso por fallas estructurales, el superintendente de Industria y comercio, Pablo Felipe Robledo, advirtió que se están estudiando sanciones tanto para las firmas constructoras como para las personas naturales vinculadas a dichas empresas que podrían ser hasta de $1.500 millones de pesos.

"La SIC seguirá adelantando la actuación administrativa que tiene en curso, con el fin de determinar las responsabilidades a que hubiere lugar por presuntas infracciones al Estatuto del Consumidor en la que habrían incurrido las personas naturales y jurídicas vinculadas con la construcción de los 16 edificios ubicados en Cartagena, y que a la fecha han sido cubiertos por la orden de evacuación. En estos procedimientos administrativos pueden imponerse sanciones de hasta 2.000 SMLMV, es decir, una suma equivalente a 1.500 millones de pesos, aproximadamente, a cada una de las empresas responsables", señaló Robledo.

Igualmente el SuperComercio hizo un llamado a todas aquellas personas que adquirieron inmuebles en alguno de los 16 edificios que a la fecha han sido cubiertos por la orden de evacuación, para que se acerquen a la Superintendencia a recibir asesoría o a radicar las respectivas demandas judiciales con el fin de hacer valer sus derechos como consumidores, y en especial, para hacer valer la garantía de calidad e idoneidad a la que está obligado todo constructor de vivienda.

"Las demandas pueden ser interpuestas en las oficinas de la Superintendencia ubicadas en Cartagena (Casa del Consumidor de Cartagena) o a través de la página web www.sic.gov.co", explicó Robledo.

Frente a los créditos que tienen los propietarios de los apartamentos, la Superindustria buscará la posibilidad de que las víctimas puedan llegar a una negociación con las entidades financieras dentro de la declaratoria de calamidad.