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El pasado 30 de mayo todo estaba listo en el juzgado séptimo especializado de conocimiento de Bogotá para que se adelantaran los alegatos de conclusión en contra del coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, en el proceso que se le adelanta por su presunta participación en el crimen de Jaime Garzón Forero.
La defensa del excomandante del B-2 del Ejército Nacional presentó a última hora un recurso para que todo el proceso pasara a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esto tras argumentar que los hechos por los que era investigado el oficial en retiro tenía una relación directa con el conflicto armado interno, hecho por el cual debía ser juzgado por esta jurisdicción especial creada en el acuerdo firmado entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc.
El hecho fue un baldado de agua fría para los abogados y familiares de Garzón Forero, quienes veían esta acción como una nueva maniobra de dilación en este ya extenso proceso. Para ellos, era evidente que se había avalado una grave irregularidad puesto que el caso pasó a una sala que ni siquiera existía en la JEP, ya que su conformación había sido declarada inexequible por la Corte Constitucional.
El abogado Santiago Escobar, quien defiende a la familia Garzón, aseguró que el caso se entorpeció puesto que ya la sala del Tribunal Superior de Bogotá le había negado esta petición al coronel (r) al considerar que su nombre no aparecía en el listado enviado por el Ministerio de Defensa para postular a la Ley 1820 de 2017 de amnistía, indultos y otros tratamientos especiales.
El coronel (r) Plazas Acevedo fue acusado por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado en la calidad de coautor. El ente investigador sostiene que entregó información de inteligencia a los integrantes de la banda delincuencial ‘La Terraza’ de Medellín, contactada por el máximo comandante de las Autodefensas, Carlos Castaño Gil para asesinar al periodista.
En el escrito de acusación, presentado en el año 2013, la Fiscalía indicó que el entonces comandante del B-2 –de inteligencia- adscrito a la Brigada XIII del Ejército ordenó a un grupo de sus hombres hacerle un detallado y exhaustivo seguimiento a Garzón. La idea era obtener datos sobre las rutas más frecuentes, los horarios en los que se movilizaba de su casa a la oficina, las personas con las que solía reunirse y los vehículos que utilizaba para transportarse por Bogotá.
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Plazas Acevedo, quien fue recapturado en septiembre de 2014, se encuentra pagando una condena de 40 años de prisión por su participación en el secuestro y homicidio del empresario israelí, Benjamín Khoudari.
Igualmente, enfrenta otro proceso por su presunta participación y conocimiento en los hechos que rodearon la masacre de Mapiripán, ejecutada por grupos paramilitares entre los días 15 y 20 de julio de 1997 en el municipio de Mapiripán, en el departamento del Meta.
Igualmente es investigado por su presunta participación en el secuestro de la ciudadana Martha Cecilia Velásquez, en hechos registrados el 22 de febrero de 1999. El oficial presuntamente habría entregado a la mujer a las Autodefensas.
El proceso contra José Miguel Narváez
El 22 de julio de 2016, finalizó el juicio contra el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez. En los alegatos de conclusión la Fiscalía y los representantes de víctimas le solicitaron al juzgado séptimo especializado de Bogotá que emitiera sentido de fallo condenatorio, mientras que la Procuraduría pidió absolución.
Narváez fue acusado por la Fiscalía de haber instigado al máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para que ordenara el crimen de Garzón. En una reunión en una de sus fincas, Narváez -quien trabajaba como profesor en la Escuela Militar- habría manifestado el peligro que representaba la “labor humanitaria” de Garzón.
Narváez era uno de los hombres de confianza de Castaño y había sido contactado para que diera instrucciones en temas de guerra y doctrina anticomunista. En una de esas charlas, acusó a Garzón de tener nexos con la guerrilla del ELN y beneficiarse económicamente con su labor en la liberación de los secuestrados.
El exsubdirector del DAS fue condenado por su responsabilidad en el escándalo de las ‘chuzadas’. Igualmente, es procesado por la tortura psicológica adelantada a la periodista Claudia Julieta Duque; el secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba; y el crimen del senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda.
