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Jenny Pérez, dice tener sentimientos encontrados tras el fallo en que la Coste Constitucional sanciona a la empresa minera Cerro Matoso, en Córdoba, por daños a la salud y al medio ambiente.
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La mujer dijo estar entre la alegría y la tristeza porque hace un año tuvo que ver como Teodoro Manuel Pérez, su padre, murió tras casi 30 años de trabajo en la refinería, producto de una enfermedad, al parecer causada por la contaminación.
Dijo que le duele que su padre no pudo ver el resultado de su lucha, pero igual espera que muchos de sus compañeros de trabajo, que también están afectados puedan hacerse tratamientos y mejorar sus condiciones de vida.
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La Corte en su fallo destaca que se comprobó que los pobladores fueron afectados por enfermedades asociadas a las operaciones de la mina.
Los exámenes arrojaron niveles elevados de níquel en la sangre y en la orina y a raíz de eso enfermedades como cáncer de pulmón, neumoconiosis reumatoide, nódulos calcificados en el pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dermatitis, bandas parenquimatosas, síndrome de Caplan, sarcoma pulmonar, fibrosis, entre muchas otras.
Néstor Montañez, líder los trabajadores de la mina, sostuvo que este fallo es resultado de una lucha de varios años, pero la empresa pudo haber evitado esto cumpliendo con sus responsabilidades sociales y ambientales.
“Porque es que a nosotros no nos alegra que la empresa esté pasando por esto, pero esto es el resultado de una mala administración”, indicó el líder sindical.
Destacó que ha recorrido la región y ha encontrado que hay niños con problemas de piel, personas con deformidades como consecuencia de la contaminación por Níquel.
Dijo que confía en que la empresa cumpla con el fallo. “El llamado de verdad es a que Cerro Matoso invierta más dinero en su parte social y no en la defensa de su parte jurídica, porque invertir 8 millones de dólares en dos años en un área de procesos jurídicos no tiene sentido, tratando de llevar demandas que puede evitar mejorando realmente el entono con la comunidad como debe ser y no llamado a cada líder y tratando de quedar bien con cada líder, cuando la solución es con la comunidad y sus trabajadores”, aseveró Montañez.
La Coste ordena atención en salud para las personas que aparecen en los registros como afectadas por la contaminación, reparar a campesinos afectados en sus cultivos y animales, tener en cuenta a las comunidades étnicas e cuanto a las intervenciones realizando consultas previas y la consecución de una nueva licencia ambiental.
Las comunidades Bocas de Uré, Centro America, Guacarí-La Odisea, Pueblo Flecha, Puente Uré, del municipio de San José de Uré; Puerto Colombia del municipio de Montelíbano; Torno Rojo del municipio de Puerto Libertador, así como del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de San José de Uré recibirán una indemnización por los daños causados.
