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Ante los cuestionamientos de la Contraloría General de la República, el exsecretario departamental de salud, Edwin Preciado Lorduy, explicó que los pagos cuestionados por este ente de control fueron ordenados por jueces de la república, mediante fallos de tutelas ejecutatorias, un hecho que asegura lo tuvo al borde de ser arrestado en siete oportunidades por desacato.
Cabe recordar que el Organismo de control dio a conocer los contratos con las IPS Girasoles, Unidad Integral de Terapias de la Costa, Crecer & Sonreír, Unidad Integral de Rehabilitación y Funtierra Rehabilitación, y que dejó en evidencia que la mitad de los casos no se hicieron los tratamientos de neurodesarrollo, un servicio que no cubre el Plan Obligatorio de Salud. (POS)
Lorduy aclaró que en diciembre del año pasado llegó un concepto de la Superintendencia de Salud un poco confuso a su parecer, pues insistió que “no especificaba si dichas terapias estaban incluidas o no en POS” y ante la incertidumbre decidió no autorizarlas, asunto que le causó la avalancha de tutelas.
El exfuncionario insistió que “ante un juez no puedo dejar de cumplir porque iba a la cárcel", y también se refirió al señalamiento de la Contraloría que indica que esta dependencia tampoco hizo los recobros para recuperar el excedente, y puntualizó que los entes territoriales, según la legislación colombiana, no puede cobrarle a las EPS.
La Contraloría indicó que de los 10 mil millones 5.264 corresponden a servicios que debía cubrir el POS, pero que la Gobernación de Córdoba pagó sin recobrárselos a las EPS, e indicó que "no se hizo el recobró porque el juez no nos indicó que teníamos que hacerlo”
