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La agremiación de taxistas, liderada por Hugo Ospina, anunció que interpondrá una denuncia contra la Superintendencia de Transporte por presunto incumplimiento en la ejecución de la Resolución 040313 de 2016, la cual ordenó a Uber cesar sus operaciones en Colombia.
Según Ospina, la entidad mostró una actitud pasiva frente a esta resolución, a pesar de que su actuación fue respaldada por el Juzgado Administrativo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado.
En noviembre pasado, el gremio solicitó formalmente a la Superintendencia que informara las acciones implementadas para garantizar el cumplimiento de dicha resolución.
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"Han pasado años sin que se adopten medidas contundentes. Esta inacción generó graves consecuencias, incluyendo accidentes con víctimas fatales, heridos y personas en condición de discapacidad, entre ellos menores de edad. Además, Uber evade su responsabilidad en estos casos", afirmó el dirigente.
La Resolución 040313/16 estableció que las plataformas tecnológicas como Uber no están autorizadas para operar en el país al no cumplir con los requisitos legales exigidos para el transporte público.
A pesar de esto, la plataforma sigue activa, y Ospina señala que la Superintendencia debe imponer sanciones penales contra sus directivos. "No solo se trata de imponer multas, que terminan siendo insignificantes frente al incumplimiento reiterado, sino de tomar acciones legales más drásticas", enfatizó.
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Según el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (artículo 90), cuando un acto administrativo impone una obligación no dineraria y el destinatario se niega a cumplirla, la autoridad puede aplicar multas sucesivas de hasta 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, además de tomar medidas para ejecutar directamente lo ordenado.
Ospina resaltó que Uber recurrió a estrategias como el cambio de su razón social en Colombia para eludir las decisiones judiciales."No estamos en contra de la tecnología, pero esta debe operar dentro del marco legal y con reglas claras. La falta de control genera afectaciones económicas al gremio de taxistas y pone en riesgo la seguridad de los usuarios", advirtió.
Finalmente, el representante del gremio señaló que, la denuncia contra la Superintendencia incluirá acciones administrativas, penales y disciplinarias. "Es hora que las autoridades tomen decisiones firmes para hacer cumplir la ley y proteger tanto a los conductores como a los ciudadanos", concluyó el líder gremial.
