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Múltiples reacciones se han suscitado luego que la Procuraduría General de la Nación pidiera al Consejo de Estado suspender la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional.
Las últimas semanas también han estado marcadas por acciones legales sobre José Ismael Peña, quien fue designado como directivo el 21 de marzo.
Sobre el último concepto de la Procuraduría, desde el plantel consideran que el posterior nombramiento de Múnera tiene "vida jurídica y está amparado por la presunción de legalidad".
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La Dirección Jurídica de la Universidad Nacional indicó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó una tutela el 9 de julio, al señalar que “cualquier orden dirigida a evitar una vulneración de derechos con la elección de rector es innecesaria porque existe rector elegido y nombrado”.
En entrevista con Radio UNAL, la directora jurídica de la institución, María Angelica Sánchez, se pronunció sobre el alcance del veredicto de dicho tribunal.
"Yo creo que de la sentencia, se extrae como principales elementos los actos administrativos. La resolución 067 por la cual el Consejo Superior Universitario toma la decisión de 'sanear' las irregularidades del proceso de nombramiento (...). El tribunal analiza y dice 'aquí hay unos actos administrativos que se presumen legales y están siendo ejecutados'", afirmó.
Entre tanto, el representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario, Diego Torres, consideró que tal espacio "no debería usarse para dar información parcializada acerca de un proceso tan delicado como una designación irregular".
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Ahora será el Consejo de Estado el que defina si acoge el concepto de la Procuraduría para suspender o no la designación de Múnera. Según amplió la directora jurídica del plantel, "el juez tomará decisiones con base en el análisis integral que implica lo que diga el demandado, demandante, CSU, Procuraduría, pruebas (...)".
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